El pueblo indefenso

24. agosto 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Sería deseable que la figura constitucional del Defensor del Pueblo fuera encarnada por alguien que antepusiera la defensa del pueblo frente a otras consideraciones políticas, institucionales o económicas. Quizá sea imposible encontrar a personas que den este perfil en el ámbito académico, intelectual o social; o quizá, simplemente, no hay voluntad política de encontrarlas.

Lo cierto es que la actual Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, marquesa consorte de Salvatierra, ex alcaldesa de Sevilla, ex senadora y ex diputada nacional por el Partido Popular, no ha demostrado por el momento poseer las condiciones filantrópicas necesarias para ostentar el cargo que ocupa.

En la contestación que ayer remitió a la organización de consumidores y usuarios FACUA tras la petición de amparo solicitada por ésta al sentirse hostigada por el Ministerio de Sanidad a propósito de sus campañas públicas contra los recortes presupuestarios en materia educativa y sanitaria, Becerril se posicionó absolutamente al lado del poder político, ignorando los argumentos aportados por FACUA.

En una muestra de extralimitación de sus funciones, la Defensora se atrevió incluso a “sugerir” a FACUA que “revisara” sus campañas. Al parecer, Becerril no tuvo en cuenta que la función de toda organización de consumidores y usuarios consiste en “la defensa de los derechos legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación” (art. 23.1 del Texto Refundido de la Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).

Pues bien, la realidad indica que los recortes presupuestarios perpetrados por el partido político al que representó Soledad Becerril perjudican gravemente a los usuarios de servicios públicos que la Administración presta, bien a través de sus propios medios o bien a través de empresas concesionarias. La masificación en las aulas, el incremento de las listas de espera en la sanidad, el copago de medicinas y servicios, o el encarecimiento de los materiales escolares por la subida del IVA, así lo indican.

FACUA ha denunciado y se ha rebelado contra esa realidad, y por eso ha sido primero hostigada por el Ministerio de Sanidad a través de la amenaza de excluirla del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (REACU), y después ignorada por la Defensora del Pueblo desde el argumento de que “por el momento, no se ha dictado acto o resolución alguna por parte del Instituto Nacional de Consumo en este sentido, no siendo posible, por ello, pronunciamiento alguno al respecto”.

Sin embargo, y aun teniendo en cuenta la polémica académica que todavía envuelve a la definición de “acto administrativo”, bien podría interpretarse como tal el Oficio firmado por la presidenta del Instituto Nacional de Consumo, Pilar Farjas, y dirigido a FACUA con fecha de 30 de julio de 2012, ya que sería un “acto jurídico de voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo dictado por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria” (definición aportada por el catedrático español Eduardo García de Enterría).

En cualquier caso, y más allá de disquisiciones jurídicas, da la impresión de que desde ayer, el pueblo español está un poco más indefenso ante los Reales Decretos–Leyes procedentes de Moncloa, ya que quien debería hacerse eco de los perniciosos efectos que éstos provocan en la ciudadanía, se ha revelado como firme partidaria de las desregulaciones, privatizaciones y recortes que constituyen la santísima trinidad de esta nueva religión económica llamada Neoliberalismo.

 

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