Enfermedades raras y derecho a la salud

29. febrero 2016 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

¿La sanidad es un derecho o un negocio? Si la sanidad es un derecho, las Administraciones Públicas tienen la obligación de garantizar su ejercicio, independientemente de cualquier otra circunstancia económica, social, presupuestaria o estadística. Si, por el contrario, la sanidad es un negocio, en algo se está equivocando nuestra sociedad.

El artículo 43 de esa Constitución que algunos quieren cambiar ahora sin haber exigido antes que se hagan realidad sus contenidos más progresistas, dice que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. El margen de interpretación es, como puede comprobarse, muy escaso.

En este sentido, el hecho de que una dolencia afecte a un número escaso de personas, no puede convertirse en la excusa para relegarla a un segundo, tercer o cuarto plano. Los derechos de las personas son los mismos, más allá del volumen del colectivo en el que éstas se encuadren.

El origen genético del 80% de estas dolencias, unido a los avances alcanzados durante las últimas décadas en este campo, marcan el camino a transitar por parte de los equipos de investigación. Ahora sólo queda nutrir a estos equipos con las personas y con el tiempo que requiera la consecución de sus objetivos. Y si hablamos de inversión en salud pública, es preciso volver a la pregunta que abría este artículo: ¿la sanidad es un derecho o un negocio?

Las grandes multinacionales farmacéuticas han demostrado reiteradamente su desinterés por investigar aquellas enfermedades raras, cuyos hipotéticos tratamientos no estarían en condiciones de generar grandes beneficios económicos, teniendo en cuenta el escaso número de pacientes a los que se aplicarían. Esta visión de la salud pública como un negocio, es la que lleva a pensar que quizá sería conveniente nacionalizar el sector farmacéutico, ya que la esencia de éste guarda más semejanzas con un servicio público sin ánimo de lucro (que es lo que debería ser), que con un negocio altamente especulativo (que es lo que es).

Mientras llega este glorioso momento, los Estados deberían imponer a las grandes multinacionales farmacéuticas un impuesto especial, directo y progresivo, que estuviera destinado a sufragar la investigación en enfermedades raras que ellas se niegan a realizar por puro mercantilismo. Con ello, se daría cumplimiento, no a uno, sino a tres artículos de la Constitución Española: el ya mencionado 43, el 31 (“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”), y el 128 (“mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales y acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”).

 

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