¿Es lícito multar a los defensores de la Constitución?

29. abril 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

El régimen de Rajoy ha olvidado que el artículo 47 de la Constitución Española dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

El régimen de Rajoy ha ignorado el contenido de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por un millón y medio de firmas que, ante la pasividad institucional frente al drama de los desahucios, proponía tres medidas muy sencillas de aplicar: dación en pago retroactiva para casos de insolvencia sobrevenida de buena fe, moratoria sobre desahucios y creación de un parque de viviendas sociales de alquiler para hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución.

El régimen de Rajoy se ha negado a que sus diputados aceptaran las invitaciones amistosas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para acudir a las asambleas de esta organización y conocer de primera mano los dramas personales a los que conducen la vigente Ley Hipotecaria y las políticas neoliberales implantadas en este país desde el 12 de mayo de 2010.

El régimen de Rajoy ha decidido comenzar a multar arbitrariamente con 1.500 euros a las personas que, haciendo uso del artículo 21 de la Constitución (“se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”), salen a la calle para defender la aplicación del artículo 47.

¿Es lícito que el régimen de Rajoy multe a las personas por defender el contenido de la Constitución? Evidentemente, no. La explicación a cartas como las que ha enviado el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Ángel Val, a algunos de los 51 activistas identificados en el escrache pacífico del pasado 9 de abril, es simple: el régimen de Rajoy, ante la falta de argumentos que justifiquen su gestión, trata de criminalizar a toda aquella persona que se oponga a ella en la calle.

Al fin y al cabo, a lo largo de las últimas décadas, el neoliberalismo sólo ha conseguido imponerse por la fuerza (dictaduras asiáticas y latinoamericanas, bombardeo de Boris Yeltsin contra el parlamento ruso,…) o a través de derechistas carismáticos y demagogos (Reagan, Thatcher,…) capaces de convencer a la ciudadanía de que los sacrificios humanos en el altar del dios Mercado son signo de modernidad.

Rajoy no es uno de estos derechistas, pero no habría que descartar la posibilidad de que, según avance la desesperación social ante las criminales políticas económicas impulsadas por el PP, la persona que releve a Rajoy al frente del partido y del Gobierno encaje en ese perfil. Un pequeño escándalo acerca de presuntos sobresueldos percibidos, podría ser motivo suficiente para moverle la silla al ectoplasma compostelano.

En cualquier caso, aparte de un giro de 180 grados a las políticas económicas practicadas desde el poder ejecutivo y legislativo, lo primero que necesita España en estos momentos es una generación de jueces valientes y comprometidos con la Constitución Española, que bloqueen las acciones represivas emprendidas por el régimen de Rajoy contra todo aquel manifestante pacífico que salga a la calle a reclamar justicia y dignidad.

 

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