España S.A.

30. mayo 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

No hace falta investigar demasiado en las bibliotecas para descubrir que los liberales, neoliberales, ultraliberales y todas las variantes de esta nefasta familia ideológica, son acérrimos enemigos de la capacidad reguladora del Estado sobre la economía. Lamentablemente, España está gobernada en estos momentos por un partido neoliberal que pretende gestionar el Estado como si fuera una empresa. De hecho, si lo tuvieran permitido, no dudarían en cambiar denominaciones como Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno (en el caso de las comunidades autónomas) por otra más acorde con su corpus ideológico como “Consejo de Administración”.

Y en estos “Consejos de Administración” institucionales siempre hay algún tipo encargado de velar por la salud de los ciudadanos de la misma manera que algunos directivos empresariales velan por la salud de “sus” trabajadores, es decir, obstaculizando al máximo las solicitudes de baja por enfermedad y procurando que los empleados y empleadas estén “decentes” de salud, siempre y cuando esa “decencia” no redunde en un incremento del gasto para la empresa (es decir, para el Estado).

Uno de estos tipos es el responsable de Salud del Consejo de Administración de Comunidad de Madrid S.A. (filial de España S.A.), Javier Fernández–Lasquetty, que ayer, al ser preguntado por la posible eliminación de la prohibición de fumar en el interior de Eurovegas, dijo textualmente: “tengo la impresión de que las reformas legales se llevarán a cabo pronto”, para añadir a continuación que “creo que es bueno que se hagan las reformas que sean necesarias para que una inversión que va a generar miles de puestos de trabajo, se lleve a efecto y sea una realidad”.

Por lo tanto, si se permite fumar en Eurovegas, y por esa causa dentro de diez años mueren de cáncer de pulmón pongamos que cien empleados y empleadas de ese complejo de casinos, en opinión de Fernández–Lasquetty ese contratiempo es perfectamente asumible para el Consejo de Administración de la empresa España S.A. y de su filial madrileña, ya que como contrapartida va a llegar una inversión multimillonaria a través del oscuro dinero de Sheldon Adelson.

La actitud de Fernández–Lasquetty produce náusea, no tanto por evidenciar el deseo de los gobernantes del PP de someter el poder del Estado a los caprichos de un multimillonario extranjero (algo que ya de por sí resulta absolutamente patético y groseramente anticonstitucional), como por el hecho de que este deseo haya sido verbalizado por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y no por el de Economía o el de Empleo.

La “desimputación” de la infanta Cristina en el caso Nóos ya demostró que el rey se equivocaba cuando afirmó en su discurso de Nochebuena de 2011 que “la justicia es igual para todos”. Ahora, la previsible modificación parcial de la ley antitabaco española para que se permita fumar en los casinos de Eurovegas mientras sigue prohibido hacerlo en el Bar Pepe, demuestra que la ley tampoco es igual para todos, como dice el artículo 14 de la Constitución.

No obstante, este gravísimo conflicto institucional que socava los principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho no supone ningún problema para los gobernantes del Partido Popular, puesto que para ellos –como hemos dicho antes– los Estados son empresas, y las empresas deben ser terrenos ajenos a la ética y a la legislación.

 

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