“Espiral inquisitiva”

27. junio 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Lo lógico sería que el durísimo recurso que ayer presentó el fiscal Pedro Horrach contra la decisión del juez Castro de mantener la imputación de la infanta Cristina a la finalización del sumario Nóos, fuera acompañado hoy por una querella contra Castro por prevaricación.

Decir que, a la hora de instruir un sumario, un magistrado se ha basado en “simples suposiciones”, en “actos de fe”, decir que no hay “indicio incriminatorio alguno”, que ha existido una “contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación”, decir que el juez instructor ha asumido “el rol de la parte acusadora” en una “espiral inquisitiva” que tenía el “puerto de destino determinado antes de iniciar la investigación”, significa ni más ni menos que el juez Castro podría haber dictado resoluciones injustas a sabiendas, lo que le convertiría en autor de un delito de prevaricación, castigado con pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para cargo público por tiempo de diez a veinte años, según el artículo 446 del Código Penal.

Por ello, si el recurso de Horrach no va acompañado de la correspondiente querella contra el juez Castro, perdería toda su fuerza jurídica para convertirse en una mera enunciación de opiniones sin base probatoria alguna, justo la misma actitud que el fiscal dice que el juez ha mantenido durante la instrucción de este sumario.

Así pues, si dos eminentes juristas como Castro y Horrach muestran opiniones tan diferentes acerca del valor de las pruebas presentadas durante la instrucción de un sumario, y considerando la posibilidad de que ninguno de los dos haya prevaricado, ¿qué es lo que puede distanciarlos hasta el punto de rozar el insulto personal en documentos oficiales?

La respuesta puede hallarse en el color de la sangre que había en la empresa Aizoon SL. Si este mismo caso se hubiera dado en una empresa cuyos propietarios fuesen exclusivamente plebeyos, lo más probable es que nada hubiera obstaculizado la imputación de todos ellos, una vez comprobado que firmaron documentos, que se repartieron dividendos, o que no declararon a Hacienda unos ingresos de dudosa procedencia.

Si la influencia monárquica es capaz de poner en tela de juicio la labor de un magistrado, sin querellarse contra él ni presentar pruebas que refuten su trabajo como instructor de un sumario, es muy posible que este país se haya equivocado a la hora de elegir la forma de gobierno del Estado, aunque por otra parte, no ha podido existir tal equivocación puesto que ni siquiera se ha permitido que el pueblo soberano se pronunciara al respecto.

 

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