Estiba y precarización

27. febrero 2017 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

El conflicto de los estibadores españoles con el Ejecutivo de Rajoy y con la Unión Europea es un perfecto ejemplo de lo que los neoliberales pretenden hacer con el llamado “mercado de trabajo”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó el 11 de diciembre de 2014 que el sistema de estiba vigente en los puertos españoles atentaba contra el principio de libre establecimiento de empresas de un Estado miembro de la UE en el territorio de otro Estado miembro.

El TJUE respondía al recurso formulado por la Comisión Europea diciendo que España estaba incumpliendo el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por imponer a las empresas de servicios portuarios la “obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y, en su caso, de participar en el capital de ésta”, así como “la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima”.

Lo curioso es que durante el proceso judicial, el Gobierno de Rajoy defendió el sistema vigente alegando que “el servicio portuario de manipulación de mercancías constituye un servicio de interés general sujeto a obligaciones de servicio público cuyo objeto es garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio”, y también que la restricción a la libertad de establecimiento de otras empresas con sus propias plantillas “resulta necesaria para garantizar la protección de los trabajadores, lo que constituye una razón imperiosa de interés general”.

Una pena que a los Moncloa Boys no se les ocurriera proteger a los trabajadores antes de promulgar la última reforma laboral. Seguramente, Rajoy decidió ocultar a Esperanza Aguirre las alegaciones que la Abogacía del Estado tenía previsto presentar ante el TJUE. La correcta tensión arterial de las expresidentas madrileñas es un bien de interés general que debe ser protegido por el Estado.

Pero volviendo al tema, la clave de toda esta cuestión judicial reside en una circunstancia que no se explicó en aquella sentencia y que tampoco se hace constar en los preámbulos de las leyes y los decretos económicos: el capitalismo salvaje considera muy negativo que haya obreros que cobren 5.000 euros mensuales por trabajar con dignidad, y en cambio, considera muy positivo que los trabajadores perciban 700 euros mensuales por realizar trabajos en la precariedad más absoluta.

Por eso, la solución al conflicto de los estibadores es más sencilla de lo que parece. Si la existencia de la SAGEP y del actual sistema de gestión de los puertos españoles atenta contra la libertad de establecimiento que promulga la normativa europea, anúlese la SAGEP y liberalícese el sector de la gestión portuaria, pero sólo después de que se haya firmado un convenio estatal que blinde y proteja los actuales derechos sociales y los niveles salariales existentes entre los estibadores profesionales.

De este modo, se cumplen los deseos de todas las partes: las empresas (españolas o comunitarias) pueden trabajar en los puertos con total libertad, las autoridades españolas pueden presumir de haber adaptado la normativa nacional a los caprichos de Bruselas, y la plantilla de estibadores no sufre menoscabo alguno en su situación profesional.

Si por el contrario, el Gobierno de España y la patronal del sector no están por la labor de que se firme este convenio, habrá quedado claro que su verdadera voluntad no es liberalizar una actividad económica, sino utilizar las normas comunitarias para que los trabajadores sean más pobres y los empresarios más ricos.

 

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