Fariseos, hipócritas, salvapatrias, portaporras y banqueros

12. noviembre 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Cuatro años, 400.000 familias y varios suicidios después de que comenzara el drama de los desahucios en España, diversos grupos de fariseos, hipócritas, salvapatrias, portaporras y banqueros se han dado cuenta de que esta problemática existe.

Uno de ellos es el cardenal–arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, que tras haber ordenado en junio el desalojo forzoso de un grupo de desahuciados inmobiliarios que se habían encerrado en la catedral de La Almudena, ahora pide desde ese mismo lugar una “solución justa, equitativa y solidaria” al “angustioso” problema de los desahucios. Rouco anunció también el pasado viernes que va a pedir “fervorosamente a la Virgen” que ayude a España a superar la crisis. Junto a estas preces, no estaría de más que el máximo responsable de la Iglesia Católica en España convenciese a los numerosos miembros del Opus Dei que forman parte del Gobierno de España para que se opongan férreamente a las políticas económicas antisociales, anticonstitucionales e inhumanas que cada viernes lleva adelante el régimen de Rajoy para el exclusivo beneficio de los ricos. Quizá en este punto cabría recordar aquello de que “es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos” (Mateo 19, 24).

Otro personaje que ha descubierto de repente el drama de los desahucios es el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, que en su cuenta de Twitter publicaba este viernes que “el compañero que se niegue a realizar un desahucio tendrá garantizado el sueldo y la mejor defensa jurídica por el SUP, sea o no afiliado”. Ojalá el principal sindicato de la Policía hubiera realizado el anuncio hace cuatro años; cuatro años durante los cuales las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado como garantes de bastardos intereses financieros y no como protectores del derecho fundamental de todo español a una “vivienda digna y adecuada” (art. 47 de la Constitución Española). Decir (como dice el SUP en su último comunicado) que culpar a un policía de los desahucios “es como culpar al enterrador de la muerte del difunto”, mueve a una reflexión sobre el grado de complicidad que afecta a un enterrador armado y uniformado cuando actúa cumpliendo las órdenes de un genocida.

Pero el ejercicio más grande de hipocresía en este caso no corresponde al clero ni a las fuerzas del orden, sino a los máximos responsables de los dos grandes partidos estatales, que sistemáticamente han rechazado en el Congreso de los Diputados todas las propuestas antidesahucios y por la dación en pago presentadas por los partidos de la izquierda, y que ahora, cuando ya se ha acordado que las pérdidas del “banco malo” las pagaremos todos los españoles, se aprestan a negociar una reforma legislativa que ponga fin a esta problemática social. Parece que nuestros gobernantes no desean que la mala imagen de la gente suicidándose antes de ser desahuciada, perjudique a “la marca España”. Sin embargo, España es esto: un país que actúa de forma inmisericorde con los pobres (hasta llevarles a un punto extremo de desesperación) mientras a los ricos de las SICAV se les cobra un 1% de impuestos, y a los de los paraísos fiscales se les reprende con una pequeña colleja tributaria.

En cuanto a los banqueros, apenas quedan palabras en el diccionario para definir su actitud. Dejar sin hogar a 400.000 familias para tapar las vergüenzas de quienes durante más de diez años se dedicaron a otorgar hipotecas temerarias contra bienes inmuebles claramente sobrevalorados, y luego acudir al erario para que solucione el problema a costa de recortar en sanidad, en educación, en servicios sociales o en empleo público, es una actitud que define perfectamente a las marionetas institucionales que gobernaron y gobiernan este país, así como a los putrefactos halcones neoliberales que manejan sus hilos.

La protesta contra los desahucios pasados, presentes y futuros es solo una de las razones para secundar la Huelga General convocada para el próximo miércoles, pero hay muchas otras como el desempleo, las deslocalizaciones, los paraísos fiscales, los recortes presupuestarios, el brutal incremento de las listas de espera, la desarticulación fáctica de la ley de dependencia, el euro por receta o el copago farmacéutico.

 

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