Fraude electoral

21. diciembre 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Poco cabe decir de las elecciones de ayer. Un país que sigue situando como primera fuerza al PP de la Gürtel, del trabajo precario, de los recortes sanitarios, de la Ley Mordaza y de la pobreza energética, no merece el menor comentario. El pueblo español, siempre amigo y siervo de los caciques, rindió ayer en la medida de sus posibilidades.

Sí conviene analizar, en cambio, el inmenso fraude electoral que ayer volvió a producirse en España, gracias a una ley que Adolfo Suárez nos legó desde los estertores del franquismo. Es mentira que en España todos y todas seamos iguales ante la ley, porque nuestros votos no valen lo mismo.

Baste citar algunos ejemplos: Democracia y Llibertat (nueva marca de Convergencia) obtiene 8 escaños con 565.501 votos, mientras Unidad Popular-Izquierda Unida consigue 2 escaños con 923.105 votos, los mismos escaños que recibe EH Bildu tras cosechar la cuarta parte de votos que UP-IU.

El Diccionario de la RAE define “fraude” como “acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”. En España hemos inventado la manera de engañarnos a nosotros mismos mediante la promulgación de una Ley Electoral que, no sólo no representa la voluntad real de la ciudadanía, sino que además contraviene flagrantemente el artículo 14 de nuestra moribunda Constitución. En el cuadro adjunto puede contemplarse el alcance del fraude.

El Congreso no representa realmente la voluntad del pueblo. La normativa postfranquista que desde 1977 regula el sistema electoral en España otorga privilegios a los nacionalistas/independentistas periféricos, y a los dos grandes partidos estatales (esos mismos que se preparan ahora para encajar en sus respectivos culos una grosse koalition, por obra y gracia del dios Mercado).

Hace algunos meses analizábamos en este mismo espacio la génesis de esta ignominia democrática, y exponíamos casos de varios partidos que habían sufrido en su espalda los latigazos de la ley electoral. Nada hace pensar que, a pesar de las buenas intenciones expresadas anoche por Pablo Iglesias y por Albert Rivera, esta normativa vaya a ser sustituida en el futuro por otra más justa y representativa. Para ello, sería necesario el voto favorable del PP o del PSOE.

 

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