Garantías y suposiciones

22. marzo 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Seguramente, los llamados “padres de la Constitución” jamás contemplaron la posibilidad de que una mera suposición subjetiva de una representante institucional del Poder Ejecutivo se antepusiera a los derechos fundamentales y libertades públicas escritos por ellos en el Capítulo II del Título I de nuestra Carta Magna.

Sin embargo, así ocurrió ayer tras conocer la decisión de la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de prohibir la manifestación laica que varias organizaciones habían convocado el próximo 5 de abril contra los privilegios económicos de los que la Iglesia Católica disfruta en nuestro país.

No es la primera vez que esta semana citamos a la señora Cifuentes en este mismo espacio. En nuestro editorial del pasado lunes, titulado “El ocaso de los derechos”, le reprochábamos su intención de multar a un jubilado madrileño por participar en dos concentraciones pacíficas de apoyo al juez Garzón.

Parece que la señora Cifuentes tiene, pues, un problema con las manifestaciones.

Como experta letrada que es, no es preciso recordarle a la señora Cifuentes que la Constitución Española establece los principios de no discriminación y de “libertad ideológica, religiosa y de culto”, a los que sitúa –por cierto– al mismo nivel jurídico.

Tampoco es necesario informar a la delegada del Gobierno en Madrid de que la Carta Magna protege el “derecho de reunión pacífica y sin armas”, cuyo ejercicio “no necesitará autorización previa”, salvo en los casos de “reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones”.

Lo que sí hay que recordar a la señora Cifuentes es que, en estos últimos supuestos descritos, la Constitución señala que la autoridad “sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

Y aquí es donde radica el problema, concretamente, en dos palabras: “razones fundadas”. En su decisión, la señora Cifuentes se ha atrevido a decir, sin aportar prueba alguna, que el hecho de que la manifestación se celebre el 5 de abril (festividad de Jueves Santo para las personas de religión católica) parte de una “evidente voluntad de provocación”.

¿Qué elementos probatorios ha aportado la señora Cifuentes para sostener tal afirmación? Cabe recordar que la condena al juez Garzón por ordenar escuchas entre algunos de los detenidos de la red Gürtel y sus abogados, se basaba esencialmente en que la sospecha del magistrado de que los letrados pudieran estar actuando como correos de la trama, carecía de sustento probatorio.

Repetimos: ¿qué elementos probatorios ha aportado la señora Cifuentes para sostener que la manifestación laica del 5 de abril está convocada con una “evidente voluntad de provocación”? Ninguno. En ese caso, ¿cómo es posible que la opinión personal de una delegada del Gobierno impida el ejercicio de un derecho constitucional? No se sabe.

En todo caso, y a tenor de lo expresado por los convocantes, habría que recordar a la señora Cifuentes que la manifestación del 5 de abril no va contra la Semana Santa, ni contra la Iglesia Católica, ni mucho menos contra el derecho constitucional a la libertad religiosa y de culto. La protesta se centra en los privilegios económicos y fiscales que el aconfesional Estado español le sigue concediendo a una determinada confesión religiosa. Un propósito como cualquier otro, por el que es tan lícito manifestarse en Jueves Santo, como en Navidad, en el solsticio de verano, o en los idus de marzo.

 

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