García–Margallo y el engaño de la Transición

13. septiembre 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

En algunas ocasiones, CRÓNICA DE ARAGÓN ha afirmado desde este mismo espacio que la derecha española jamás tuvo la menor intención de acatar el modelo socioeconómico establecido en la Constitución Española (“El manoseo de Cospedal” 29–11–2012), “El inútil discurso del rey” 26–12–2012). En estos dos editoriales, y al hilo de la anticonstitucional política económica que se viene aplicando en este país desde mayo de 2010, señalábamos que a la derecha española sólo le interesan algunos aspectos de la Carta Magna como los relativos a la unidad de la patria, la bandera utilizada por el bando nacional durante la Guerra Civil, la figura del rey como jefe de Estado, o la negación del derecho de autodeterminación.

El pasado martes, durante un almuerzo informativo de la Cadena SER, el ministro español de Exteriores demostraba que nuestro análisis pecaba por exceso. Según José Manuel García–Margallo, “la Constitución Española tiene dos artículos, y sólo dos, el resto es literatura”. Según su explicación posterior, García–Margallo considera que sólo son artículos de verdad el 1.2 (“la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”) y el 2 (“la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”).

Así pues, a juicio de la persona que hoy sigue ejerciendo como ministro español de Exteriores, la definición de España como “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (art. 1.1) es sólo literatura. Y también son sólo literatura el artículo 14 (“los españoles son iguales ante la ley”), el 20 (“se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”), el 31 (“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”), el 35 (“todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”), el 37 (“la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios”), el 41 (“los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”), y por supuesto, el 128 (“toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”).

García–Margallo debería explicar qué razones jurídicas le llevan a concluir que los dos artículos por él citados son más importantes que, por ejemplo, los que acabamos de plasmar aquí. Si los motivos tienen que ver con la ceguera que le produce el ultranacionalismo español que profesa, la cosa se arreglaría con unas disculpas públicas y una dimisión inmediata. Si por el contrario, el ministro se ha visto movido a proclamar semejante majadería sobre la base de los conocimientos jurídicos que ha recibido a lo largo de su vida, además de disculparse y dimitir, el político madrileño debería reclamar a las prestigiosas universidades en las que se ha formado el dinero desembolsado por cada uno de los cursos recibidos.

Las manifestaciones realizadas el martes por García–Margallo suponen, posiblemente, el mayor atentado cometido por un miembro del Gobierno de España contra el ordenamiento jurídico de este país desde que el ex ministro José Barrionuevo fue condenado por su participación en el caso GAL. Sin embargo, a pesar de haberse reído a mandíbula batiente de los millones de personas que pensaban que la Constitución Española de 1978 era una obra jurídica (y no literaria) que sirvió como piedra angular de una supuesta reconciliación democrática entre españoles, nadie en la oposición ha pedido todavía la dimisión de García–Margallo.

Efectivamente, Spain is different; se trata del único país europeo en el que el caciquismo estructural se ha mantenido sin fisuras desde la época de los Reyes Católicos ¿Alguien imagina permaneciendo en el cargo a un miembro del gobierno francés, holandés, norteamericano, alemán, danés o británico después de afirmar que la Ley Fundamental de su país sólo tiene dos artículos, y que el resto son simple literatura?


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