Genocidio (por hambre) en Somalia

6. mayo 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

La mayoría de las personas no encontraría diferencias éticas ni jurídicas entre asesinar a una persona de un disparo y matarla negándole los alimentos que necesita hasta que el hambre apagase su vida por completo. Si la primera de las acciones se produjera en masa, con cientos de miles de víctimas de por medio, todos y todas convendríamos en definirla como genocidio. Sin embargo, cuando más de 250.000 personas mueren de hambre en Somalia porque los gobiernos de los países ricos ignoran las llamadas de emergencia lanzadas por los organismos humanitarios internacionales contra la hambruna, a nadie se le ocurre identificar, detener, juzgar y condenar a todos aquellos gobernantes y magnates que, pudiendo haber evitado esta matanza silenciosa, no lo hicieron.

¿Habrán tenido Merkel, Obama, Putin, Hu Jintao, Cameron o el rey Abdullah a un niño en sus brazos mientras éste respira sus últimas bocanadas antes de morir de hambre? ¿Dormirán tranquilos Carlos Slim, Bill Gates o Amancio Ortega (los tres hombres más ricos del planeta) al saber que con una millonésima parte de sus fortunas personales se podrían haber salvado miles de vidas humanas? Todos ellos podrán responder que ya realizan numerosos donativos institucionales o privados a causas humanitarias. Sin embargo, los 250.000 cadáveres somalíes (133.000 pertenecientes a niños menores de cinco años) son la principal evidencia de que no hicieron todo lo posible por evitar el genocidio somalí.

En medio de la hambruna que sufría este país africano, la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) pidió a la comunidad internacional setenta millones de dólares para ayuda de emergencia. Sólo llegaron veinte.

Sin embargo, nadie será perseguido nunca por este delito. Los gobernantes que denegaron su ayuda no deberán rendir cuentas ante Parlamento alguno, y los ricos tampoco tendrán que explicar nada ante ninguno de los consejos de administración en los que participan. Según la Fiscalía española, los verdaderos delitos los cometen las personas que, armadas con unas fiambreras y un megáfono, se manifiestan ante el domicilio de una consejera del Gobierno de Aragón para reclamar que no se recorten las becas de comedor en la comunidad autónoma.

Y es que, en este mundo ultraliberal, descarnado, asqueroso e inhumano en el que algunos pretenden hacernos vivir, sólo se entiende como “legal” todo aquello que lleva a la derecha económica a imponer su voluntad, y únicamente se entiende como “internacional” la globalización del capital en busca de beneficios más abultados que, por pura soberbia, permitan a sus propietarios aparecer en un lugar destacado de la lista Forbes.

 

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