Gobernantes mediocres, aforamientos compulsivos

25. junio 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Al creciente desprestigio social que despiertan los gobernantes (y a veces, por injusta extensión, el resto de los cargos públicos del país), se acaba de añadir un nuevo argumento: la chapuza jurídica en la que se ha convertido la sucesión de Juan Carlos I como rey de España.

Después de varias décadas sin legislar sobre cuestiones constitucionales como el Estatuto del rey, el Estatuto del príncipe de Asturias, la sucesión, la abdicación, la renuncia al trono o la regencia, las Cortes Generales se han visto obligadas a aprobar de forma precipitada una ley orgánica especial de artículo único (“Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica”) para apuntalar jurídicamente la decisión del jefe del Estado de abandonar sus responsabilidades.

Por ello, y al no existir regulación general sobre el tema de la abdicación, se podría decir que, desde el punto de vista formal, el rey Juan Carlos no ha abdicado, sino que son las Cortes Españolas las que le “han abdicado”. Se ha infringido el principio jurídico de que la ley tiene que ser general y abstracta, desde el mismo momento en que se ha convertido en una ley especial dedicada a una sola persona, lo que en realidad debería haber sido un acto administrativo (la abdicación del rey), apoyado en una legislación preexistente (que en este caso no existía).

Pero no acaba ahí el circo jurídico que están montando los dos grandes partidos de este país, a propósito del relevo en la jefatura del Estado. La más reciente cuestión del aforamiento que se le pretende otorgar al rey saliente, roza lo psicodélico, ya que se está tramitando por la puerta trasera, incorporando dos enmiendas a un proyecto legislativo sobre sector público y poder judicial que ya se estaba debatiendo en las Cortes.

Estas prisas del Partido Popular y sus aliados parlamentarios por aforar a toda prisa al anterior jefe del Estado, no sólo constituye una muestra de querer perpetuar los viejos privilegios que la clase política se otorga a sí misma en este país, sino que convierte en sospechosa la trayectoria del anterior monarca. Los mismos que defienden la ejemplaridad de Juan Carlos I como persona y como jefe del Estado, no deberían estar forzando los plazos y las legislaciones para evitar que cualquier instancia inferior al Tribunal Supremo pueda abrir o conocer una causa contra él.

Los gobernantes del PP están demostrando que Juan Carlos I mintió en su discurso de la Nochebuena de 2011 cuando dijo que “la Justicia es igual para todos”. Con unos 10.000 aforados en España (número que contrasta poderosamente con la cifra de cero aforados en EEUU, Alemania o Reino Unido; con la de 18 aforados en Francia –el presidente, el primer ministro, y los miembros del Gobierno–; o con la de uno en Portugal e Italia –el presidente–), es difícil hablar de igualdad ante la Justicia.

 

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