Hacia el abismo

11. enero 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

En este momento, ya ha quedado demostrado que los recortes en el gasto público de las Administraciones producen paro. El propio ex ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, así lo reconoció en repetidas ocasiones con motivo del repunte del desempleo tras el pasado verano.

También ha quedado demostrado que la disminución de los niveles salariales y la devaluación de los derechos laborales no generan empleo. La ciudadanía española lo ha podido comprobar año y medio después de la entrada en vigor de la última reforma laboral en España.

El propio departamento económico de Naciones Unidas ha alertado de que las medidas de austeridad presupuestaria puestas en marcha en Europa, Estados Unidos y Japón están a punto de provocar una nueva crisis mundial que, por estar relacionada con la caída de la demanda interna en estas regiones, esta vez implicaría a los propios países emergentes.

Pues bien, nuestro flamante y recién elegido Gobierno de España lleva hoy al Congreso de los Diputados la convalidación de un Real Decreto Ley que supone una profundización de las políticas antisociales (y por tanto, antieconómicas) emprendidas por el anterior Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

El poder adquisitivo de las personas caerá, y con él, las expectativas de recuperación de la economía española. Según la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) advirtió ayer, por ejemplo, de que más de medio millón de familias perderán sus viviendas por impago de la hipoteca durante el periodo 2012–2015, generando unas pérdidas a la banca de 34.000 millones de euros.

Además del inaceptable drama social que provocará esta situación, desde el punto de vista financiero, la pérdida de poder adquisitivo de las familias incrementará las restricciones bancarias sobre los créditos a particulares y a empresas.

Las políticas neoliberales de Rodríguez Zapatero, de Mariano Rajoy y del resto de gobernantes europeos nos conducen directamente hacia el abismo social y económico. Lo que no está claro es si los políticos que las aplican son conscientes o no de esta realidad.

 

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