Hipocresía constitucional

12. noviembre 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

La fulminante reacción político-judicial que ha acabado con la Resolución 1/XI del Parlament de Cataluña, es una perfecta muestra de la hipocresía institucional en el que España vive instalada desde el mismo día en el que empezó a existir como Estado.

Si un Parlamento autonómico aprueba un acuerdo manifiestamente anticonstitucional, éste es recurrido de inmediato y suspendido en el acto por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, cuando un juez decreta el desahucio inmobiliario de una familia pobre sin que el Estado les ofrezca una alternativa habitacional, y violando, por tanto, el artículo 47 de la Constitución (1), no ocurre absolutamente nada, más allá del hecho de que una familia pobre se queda en la puta calle.

Tampoco tiene ningún tipo de consecuencia constitucional el hecho de que el Gobierno de España apruebe una reforma laboral que deja sin valor la negociación colectiva, incumpliendo de este modo el artículo 37 de la Constitución (2).

La maquinaria “constitucional” de este Estado llamado España tampoco reacciona frente a quienes aprueban normas fiscales que permiten la elusión de impuestos a los grandes capitales nacionales o extranjeros presentes en el país. A ninguno de esos malditos hipócritas que ocupan escaños políticos o judiciales en la sacrosanta e indivisible España le interesa el hecho de que esta situación viole flagrantemente el artículo 31 de la Constitución (3).

La explicación para poder entender todo este cinismo, la ofreció hace más de dos años el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, cuando declaró en público que “La Constitución Española tiene dos artículos, y sólo dos, el resto es literatura: el artículo 1.2 que dice que la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto, y el artículo 2 que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española” (10-9-2013).

Evidentemente, en este país de gobernantes hipócritas, a nadie se le ocurrió la posibilidad de cesar a un miembro del Gobierno que afirma que el 98,9% de las disposiciones de la Constitución Española tienen menos valor que un rollo de papel higiénico. Será porque todos los demás están de acuerdo con él.

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(1) art. 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”

(2) art. 37: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”

(3) art. 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”

 

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