Iglesia discriminadora

13. agosto 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Si decimos que la Iglesia católica ejerce desde hace siglos una notable influencia sobre el Estado español, no estamos revelando nada nuevo. Sin embargo, si señalamos que tras la promulgación de la Constitución Española de 1978, esta influencia se sitúa más allá de lo legalmente aceptable, quizá estemos abriendo los ojos de determinados gobernantes que todavía no han comprendido la diferencia existente entre Iglesia y Estado.

El despido en Canarias del profesor de Religión Luis Alberto González por el simple hecho de haber realizado algo permitido en España como casarse con alguien del mismo sexo, supone el último de los múltiples actos discriminatorios que la Iglesia católica ha cometido en nuestro país, después de pisotear a conciencia el artículo 14 de la Constitución, ese que dice que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Se da la circunstancia de que la Carta Magna entró en vigor cinco días antes de la firma del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (3-1-1979), en cuyo artículo 3 se apoya el Obispado de Canarias para decretar el despido del profesor homosexual, ya que son los obispos los encargados de elegir a las personas que imparten la asignatura de Religión en el ámbito de la enseñanza pública.

Desde el punto de vista legal, puede que el Estado español haya decidido ceder parcialmente a la jerarquía eclesiástica una de sus competencias (la elección de parte del profesorado de la Educación Pública), pero lo que desde luego no puede permitir es que esta cesión se ejerza de forma contraria a lo establecido en la Constitución Española. Por ello, o bien debe dejar sin efecto este despido y todos los que se hayan decretado o se puedan decretar en el futuro por causas similares, o bien debe denunciar el concordato con la Santa Sede, al haber abusado de él la contraparte.

Desde el punto de vista ético, llama la atención que el clero esté dispuesto a dejar sin trabajo a un profesor de Religión por el simple hecho de ser homosexual, mientras mantiene en sus puestos a quienes abusan sexualmente de niños, a quienes blanquean dinero negro, a quienes roban bebés en los hospitales, o a quienes realizan manifestaciones verbales más cercanas a los tiempos de la Santa Inquisición que a los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

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