Inseguridad privada

11. diciembre 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

En su estrategia de recorte de los derechos y libertades públicas, el régimen de Rajoy acaba de dar un paso más al incluir en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana la posibilidad de privatizar este concepto, que hasta ahora recaía en exclusiva sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Se supone que el modelo a seguir es el de los Estados Unidos, donde (para asombro de los padres dieciochescos del liberalismo) se ha privatizado hasta el ejército, trasvasando sus funciones a tropas de mercenarios que hacen de la opacidad y de la impunidad sus principales aliados.

A partir de ahora, si el proyecto de ley no cambia (y es difícil que cambie con una mayoría absoluta en manos del Partido Popular) los empleados de las empresas privadas de seguridad españolas podrán cachear, detener e interrogar a los ciudadanos de este país en plena vía pública.

Las consecuencias de este cambio institucional son tan imprevisibles como indeseables. Por un lado, se abre la puerta a la precariedad laboral en el sector, mientras se vacían de contenido las atribuciones de aquellos funcionarios del Estado que han sido especialmente adiestrados para ejercer el monopolio legal de la violencia, dentro del marco legal e institucional.

Ello traerá consigo el progresivo desmantelamiento de los cuerpos policiales del Estado y la atribución a empresarios de mayor o menor reputación las funciones que ahora recaen en los jefes policiales, en los delegados del Gobierno, o incluso, en el propio ministro del Interior.

La labor de zapa contra el Estado (inherente a toda aquella persona vinculada a la ideología liberal), culminará sin duda como ha culminado en otros países regidos por el neoliberalismo: con compañías como Blackwater, CACI o Titan Corp. suplantando el papel de las fuerzas regulares del Estado.

Una maniobra que lleva aparejado el saqueo de las arcas públicas, a través de contratos multimillonarios a favor de estas empresas, que acaban pagando los contribuyentes a un precio mucho mayor que si esas funciones siguieran siendo ejercidas por empleados públicos.

A estas alturas del neoliberalismo, nada debería sorprendernos de quienes hoy manejan los resortes del poder. Como mucho, indignarnos.

 

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