Insolidaridad fiscal

18. abril 2011 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

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Uno de los apartados del magnífico documental “Inside Job” consiste en demostrar que la ideología neoliberal ha contaminado desde hace décadas los estamentos universitarios norteamericanos, comprando voluntades y silencios hasta lograr que sea identificado como verdad absoluta lo que tan solo es un sistema económico orientado a satisfacer los intereses de las grandes fortunas, por encima de cualquier otra circunstancia.

 

En este contexto, el veneradísimo catedrático de Economía y actual consejero de Economía y Conocimiento del gobierno autonómico catalán, Andreu Mas–Colell, anunciaba ayer en una entrevista publicada por Europa Press que la Generalitat va a rebajar los impuestos a las rentas más altas, mientras mantiene los recortes en el gasto público sanitario por falta de dinero.

 

Mas–Colell, cuyo currículo aparece relacionado con las universidades de Minnesota, Harvard o Berkeley, ofrecía el peregrino argumento de que, en caso de mantener el recargo de 2 puntos en el tramo autonómico del IRPF aprobado por el anterior gobierno catalán para las rentas superiores a 120.000 euros anuales, los ricos catalanes podrían fijar su residencia en otras comunidades autónomas para tributar menos.

 

Sin quererlo, Mas–Colell dibujó el futuro inmediato de un primer mundo incompatible con el Estado del Bienestar, ya que los territorios compiten al mismo tiempo por rebajar impuestos a los ricos y por establecer las condiciones salariales y laborales más precarias, todo ello con el propósito de atraer inversores internacionales.

 

No obstante, y a pesar de todos sus títulos y honores académicos, lo que Mas–Colell no explicó es para qué quiere Cataluña que lleguen inversores internacionales, si éstos apenas van a realizar aportaciones tributarias en el territorio. Por ello, todo indica que los neoliberales como Mas–Colell están construyendo un futuro en el que la única aspiración para la mayoría de habitantes sea mendigar un trabajo precario, con un salario casi de subsistencia, y por supuesto, con unos derechos sociales y laborales muy limitados.

 

Algo de esto esbozó el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, José Antonio Durán i Lleida, cuando la pasada semana apostó en TVE por sustituir el concepto de “Estado del bienestar” por el de “sociedad del bienestar”. Una majadería perfectamente incomprensible, ya que el Estado del bienestar (o Estado social, como lo denomina nuestra Constitución) está esencialmente vinculado a las Administraciones Públicas, únicas con capacidad legal para recabar impuestos progresivos destinados a financiar prestaciones y servicios públicos de calidad de los que se beneficie toda la ciudadanía.

 

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