Justicia asimétrica

8. octubre 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

La independencia del poder judicial es uno de los pilares de nuestro ordenamiento constitucional. Sin embargo, la realidad demuestra cada día que vivimos inmersos en una situación claramente preconstitucional, caciquil y elitista, donde la Justicia se administra de forma diferente en función de la identidad del delincuente y del delito presuntamente cometido.

Los ladrones de guante blanco no son tratados de la misma manera que los rateros de barrio, del mismo modo que los jueces que investigan a los primeros corren unos riesgos que no afectan a los magistrados que persiguen a los segundos. Las decisiones judiciales de inhabilitar primero al juez Baltasar Garzón, y después al juez Elpidio José Silva, evidencian la existencia de una élite formada por los grandes poderes económicos y por los monaguillos institucionales que sirven a sus intereses (grupo al que algunos denominan acertadamente “casta”), contra la que no es posible establecer una investigación judicial integral e implacable.

Dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el juez Elpidio José Silva ha prevaricado por violentar las garantías constitucionales del presunto delincuente Miguel Blesa y del delincuente condenado Gerardo Díaz Ferrán. Al parecer, para esta instancia judicial resulta inaceptable que el juez Silva dictara prisión preventiva contra Blesa, a pesar del volumen de sus oscuros manejos al frente de Cajamadrid, de las consecuencias macroeconómicas que éstos han supuesto para el país, del riesgo de fuga del acusado, y de la posibilidad de que, estando en libertad, destruyera pruebas documentales relativas al proceso.

En su momento, la casta judicial también consideró inaceptable que el juez Garzón ordenara escuchas en las comunicaciones entre abogados y encausados por la trama Gürtel, ante la sospecha fundada de que unos y otros formasen parte de la misma organización delictiva. Unas escuchas a las que se recurrió habitualmente en las causas abiertas contra ETA o contra determinadas redes del narcotráfico, y que sin embargo, no se dieron por buenas en la investigación contra determinados ladrones encorbatados que, presuntamente, vendían favores políticos a cambio de sustanciosas donaciones empresariales al partido al que pertenecían.

La semana pasada, al hablar de corrupción, comentábamos en este mismo espacio que España lleva, al menos, tres revoluciones democráticas de desventaja respecto a los países de nuestro entorno. Tras conocer la sentencia condenatoria dictada contra el juez Silva, va siendo urgente que los ciudadanos y ciudadanas de este país emprendamos la primera.

 

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