La amenaza de Montoro

24. junio 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Cristóbal Montoro ha amenazado a nuestra comunidad autónoma con suspenderle la financiación si no corrige su morosidad respecto a los proveedores. En una situación parecida se encuentran Extremadura y Comunidad Valenciana. Desde un punto de vista formal, el ministro de Hacienda puede envolverse en una aureola de imparcialidad, argumentando que su látigo no sabe de afinidades políticas, ya que estos tres territorios están gobernados por el Partido Popular.

Sin embargo, la amenaza de Montoro ignora otras circunstancias esenciales como los esfuerzos realizados por el actual consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Javier Campoy, para cumplir en tiempo y forma con las exigencias de la consolidación fiscal sin rebasar las líneas rojas” de la sanidad, la educación y los servicios sociales, tal y como se comprometió en el discurso de su toma de posesión.

Cierto es que los recortes se habían practicado bajo los mandatos de los consejeros que le precedieron en el cargo, y cierto es también que el principal problema de las economías europeas es el dogma neoliberal que exige eliminar el déficit público por encima de cualquier otra consideración, y en el menor tiempo posible.

En esta cuadratura del círculo se ha visto obligado Campoy a ejercer su labor, partiendo de la premisa de que la austeridad no debe ser sinónimo de recorte, sino de racionalización del gasto público. De ahí que las principales líneas de actuación de Campoy al frente de su Departamento hayan pasado por negociar una reducción de los intereses de la deuda, por aligerar a la Administración de gastos no relacionados con su función institucional, y por poner en marcha los mecanismos oportunos para abonar los pagos atrasados.

A pesar de todas estas circunstancias eximentes, Montoro tiene el derecho legal de castigar a Aragón por no poder afrontar a tiempo sus pagos. Pero si decide hacerlo no sólo estaría escamoteando el verdadero problema de base (que no es otro que el de la financiación autonómica), sino que además estaría cometiendo la misma injusticia que sufren a diario quienes se ven expulsados de sus viviendas por incapacidad para hacer frente a hipotecas y alquileres.

 

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