La carta de la Corona

12. abril 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

En el último Barómetro de Opinión del CIS, el 92,4% de las personas encuestadas opinaban que la situación económica española es mala o muy mala, y siete de cada diez consideraban que ésta ha empeorado durante el primer año del régimen de Rajoy. Sin duda, los recortes presupuestarios en sanidad, educación y servicios sociales, los atentados contra los derechos de los trabajadores, los cientos de desahucios diarios, o los miles de millones de dinero público entregados a la banca privada para bachear sus agujeros, han influido en este estado de opinión.

Sin embargo, de lo que se habla en la calle, en el trabajo, en el salón de casa, y en los medios de comunicación y de entretenimiento, es de la corrupción, de los Gürtels y de los ERES, de los Bárcenas y los Urdangarines, de los Pujoles y los Pepiños. La corrupción es un fenómeno que hoy se encuentra en franco declive, tras haber alcanzado su punto álgido durante la década prodigiosa del ladrillo. A pesar de ello, los think–tanks mediáticos están consiguiendo que se hable más de la corrupción pasada que de los recortes presentes o del futuro penoso al que éstos últimos nos abocan.

En este ejercicio propagandístico de arrojar carnaza a la “chusma” para que no piense en otras cosas (no vaya a ser que le dé por montar una revolución social…), los grandes poderes políticos y económicos han echado sobre el tapete la carta más alta, la única tan grande como para ocultar las tropelías que cada viernes se cometen contra la Constitución, contra el Bienestar y contra el bolsillo de las ciudadanas y ciudadanos de este país: la carta de la monarquía.

Así, algunos se suben de forma oportunista al carro del republicanismo como si la política económica neoliberal que se practica en España no fuese el primer problema (a mucha distancia del segundo) para la mayoría de los trabajadores, pensionistas, desempleados, dependientes y jóvenes de este país. Un posicionamiento que no tiene en cuenta que la forma de Estado no suele influir en las políticas económicas que allí se aplican. Algunos Estados monárquicos de la UE como Suecia, Bélgica, Dinamarca u Holanda no recortan el bienestar de sus habitantes, mientras determinadas repúblicas como Portugal, Italia, Grecia o Chipre sí lo hacen.

Por ello, resulta patético ver cómo el grueso de la población española se indigna por la imputación de la infanta, por el recurso del fiscal contra la misma, por la aventura catarí de Urdangarín, o por las andanzas paquidérmicas del monarca, y no lo haga por el estrangulamiento de las prestaciones por dependencia, por la eliminación de facto de la negociación colectiva, por el abaratamiento del despido, por las listas de espera hospitalarias de más de un año (que los gobernantes del PP han creado conscientemente para derivar luego pacientes hacia sus amigos de la sanidad privada, quién sabe si a cambio de una suculenta puerta giratoria…), o por los recortes practicados en el ámbito de la educación pública.

Cierto es que lo normal es elegir democráticamente al Jefe del Estado (y más teniendo en cuenta que este domingo se celebra el 82º aniversario de la proclamación de la II República Española), pero más normal todavía es impedir que los gobernantes elegidos democráticamente sacrifiquen en el altar de los caprichos bruselenses todas las garantías y derechos sociales que la Constitución otorgó a los españoles en 1978.

 

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