La crisis, en pocas palabras

29. junio 2017 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Érase una vez un país que, a finales del siglo XX no cumplía los exigentes criterios de convergencia establecidos por Europa para entrar en el euro. La moneda única iba a ponerse en circulación el 1 de enero de 2002, y la economía de nuestro país no cumplía los requisitos establecidos en el Tratado de Maastricht (baja inflación, déficit público por debajo del 3% del PIB, deuda pública inferior al 60% del PIB, estabilidad monetaria y bajos tipos de interés).

En ese momento, al presidente Aznar y a su ministro de Economía, Rodrigo Rato, se les ocurrió la genial idea de dopar la economía española fomentando la creación de una burbuja inmobiliario-financiera que resolviera, de una tacada y a corto plazo, todos los problemas descritos. La esperanza especulativa de multiplicar los beneficios en poco tiempo, iba a hacer que los capitales se orientaran hacia unas inversiones inmobiliarias destinadas a convertirse en la locomotora de la economía.

Se estaba gestando una mentira plagada de inmuebles sobrevalorados y de préstamos hipotecarios concedidos sin apenas requisitos. Una mentira que, tarde o temprano, acabaría descubriéndose. Pero para entonces, España ya estaría en el euro. Otros países optaron por argucias semejantes. Irlanda, por ejemplo, creó un paraíso fiscal para las grandes multinacionales; Portugal abusó de la emisión de deuda pública tras la entrada en la moneda única; y Grecia, directamente, falseó durante años las cuentas macroeconómicas que presentaba a Bruselas.

A nuestro país no le fue mejor, puesto que una vez descubierto el engaño de la burbuja, nos dimos cuenta de que vivíamos en un Estado cuya economía dependía del ladrillo. La caída de éste dejó tras de sí tres millones y medio de parados, y una drástica disminución en el volumen de ingresos fiscales.

Gracias a aquella ocurrencia del tándem Aznar–Rato a finales de los noventa, la España del 2012 estaba al borde de la bancarrota.

En ese momento, el régimen de Mariano Rajoy (que había sido vicepresidente del gobierno de Aznar cuando la liberalización del suelo comenzó a inflar la burbuja inmobiliario-financiera) decide espantar el fantasma de un rescate generalizado de la economía española, poniendo en marcha una serie de medidas destinadas a favorecer la inversión de todos esos capitales que se habían quedado petrificados de miedo en 2008.

Y los peones sacrificados fueron los de siempre: los trabajadores y trabajadoras de este país, que vieron cómo se aprobaban reformas legislativas que abarataban los despidos, desactivaban la negociación colectiva, devaluaban los derechos laborales y favorecían la reducción de los salarios.

Los puestos de trabajo comenzaron a trocearse y a precarizarse para arreglar las estadísticas, mientras los grandes inversores incrementaban todavía más los capitales obtenidos durante la era del ladrillo, gracias a la actual reducción de los costes laborales.

El Partido Popular volvía a cometer el error de intentar solucionar un problema económico creando un problema mayor. Si al final de los años noventa los de Rajoy crearon la burbuja inmobiliario-financiera para compensar los defectos estructurales de la economía española antes de entrar en el euro, a principios de los años diez del presente siglo sacrificaron los principios constitucionales de bienestar social, igualdad económica y redistribución de la riqueza, para evitar que España fuera rescatada de las consecuencias de sus propias políticas.

Mejor no imaginar qué ocurrencia parirán las mentes del PP cuando, dentro de unos años, tengan que idear una solución para resolver la situación de desigualdad social insostenible que están creando en estos momentos. Algunos diarios digitales independientes no estarán aquí para verlo.

 

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