La denuncia de Dolores Serrat

14. enero 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, presentó este sábado una denuncia contra algunas personas de la Marea Verde (previamente identificadas por la Policía Nacional), horas después de que este colectivo ciudadano contrario a los recortes en materia de Educación llevase a cabo una acción reivindicativa, irónica, hermosa y absolutamente pacífica en la calle zaragozana donde la política del PP tiene fijado su domicilio.

Esta consejera (que pronto tendrá que aprenderse el camino de los tribunales cuando sea citada para declarar en las dos querellas criminales por prevaricación que han sido interpuestas contra ella) considera que la acción pacífica de Marea Verde invadió su privacidad, causándole –presuntamente– un grave perjuicio moral.

Sin embargo, las acciones de acoso que producen un grave perjuicio moral y económico a las familias aragonesas (a pesar de la querencia del término “familia” de la que hacen gala los miembros del PP) son las que hacen que miles de familias se hayan quedado sin becas de comedor y de material escolar cuando éstas son más necesarias que nunca; son las que han despedido a cientos de profesores, haciendo subir las ratios en las aulas y provocando con ello una devaluación de la calidad del sistema; son las que recortan un 14% el presupuesto de Educación para el año que acabamos de empezar; y son las que hacen que el menú para los diputados autonómicos cueste 3,05 euros, mientras el de los escolares aragoneses sale por 6,80 euros.

Esas acciones de acoso pergeñadas por la consejera Serrat y por su equipo de asesores no se limitan a quedarse en el ámbito público de una calle zaragozana, sino que penetran en todos y cada uno de los domicilios afectados, invadiendo su privacidad y generando un indudable perjuicio moral y económico para sus habitantes.

Sin embargo, la solidaridad del Gobierno de Aragón y del Partido Popular no se ha dirigido hacia todas estas “familias” perjudicadas por la política educativa de Dolores Serrat, sino hacia la propia consejera.

Así el Ejecutivo autonómico afirmaba en un comunicado que “el Gobierno respeta el derecho de los ciudadanos a manifestarse y expresar sus quejas, pero considera que invadir el ámbito privado es intolerable y traspasa los límites democráticos”. Tres mentiras en menos de dos líneas de texto.

En primer lugar, el derecho de los ciudadanos a manifestarse no parte del “respeto” del gobierno autonómico hacia él, sino de su condición de derecho constitucional inalienable. En segundo lugar, jamás se invadió el ámbito privado de la consejera, ya que durante esta acción (cubierta informativamente por CRÓNICA DE ARAGÓN desde su inicio hasta su finalización) en ningún momento se penetró en la vivienda de la consejera. Y en tercer lugar, lo que “traspasa los límites democráticos” es cualquier gestión institucional que ignore la opinión de la mayoría de la sociedad, claramente contraria a los recortes presupuestarios impuestos por el Partido Popular en aras del dogma de la consolidación fiscal. Si nuestros gobernantes dudan acerca de cuál es la opinión pública mayoritaria en el tema de los recortes, pueden convocar un referéndum cuando lo estimen oportuno.

Pero el que resultó realmente vomitivo fue el comunicado emitido durante la tarde–noche del sábado por el Partido Popular para solidarizarse con su consejera de Educación. Según el secretario general del PP–Aragón, Octavio López, “dichos actos incívicos son fruto de la intolerancia antidemocrática de quienes no creen en la libertad y utilizan métodos incompatibles con un estado de derecho para hacer valer su opinión”. Según Octavio López, el que un grupo de personas se manifieste pacíficamente en la calle para defender sus derechos y los de sus hijos es “intolerancia antidemocrática”. Ignoramos cómo llamará López al hecho de que un partido se presente a las elecciones con piel de cordero, para luego dar dentelladas de lobo tanto a la población que depositó su confianza en él, como a la que no lo hizo.

Según Octavio López, colectivos como Marea Verde “no creen en la libertad y utilizan métodos incompatibles con un estado de derecho para hacer valer su opinión”. Una frase realmente desafortunada contra la admirable Marea Verde, que sería mucho más aplicable a una consejera de Educación que dicta unos servicios mínimos manifiestamente ilegales para hacer valer su opinión y con el único fin de impedir la libertad de ejercer el derecho constitucional a la huelga por parte de las monitoras de los comedores escolares.

Hace un año llegaba la noticia de que, después de una reducción del 60% en el presupuesto que el gobierno griego dedicaba a Educación, se habían comenzado a detectar los primeros casos de desnutrición en las aulas helenas, incluidos desmayos de escolares en plena clase. Es difícil predecir si un episodio como éste podría producirse en las aulas aragonesas; lo que sí es seguro es que con la actual política del gobierno de Rudi, antes se desmayará por desnutrición un escolar que un diputado.

 

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