La derecha intranquila

5. octubre 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Ni las políticas económicas por las que han optado están sirviendo para recuperar la economía española, ni el poder judicial está por la labor de criminalizar la contestación social que aquéllas provocan. El Partido Popular se encuentra cada vez más acorralado entre sus incumplimientos electorales, su pésima gestión y una masa de ciudadanos que cuestiona sus dogmas económicos levantando pacíficamente las palmas de las manos y gritando “¡Estas son nuestras armas!”.

El impecable auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que archiva la causa abierta contra los promotores de la concentración del pasado 25 de septiembre en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, ha despertado la ira de los populares hasta el insólito punto de que uno de sus hooligans parlamentarios más destacados, Rafael Hernando, se atrevió a descalificar a Pedraz llamándolo “pijo ácrata”, no ante un micrófono traicionero, sino en declaraciones abiertas a la prensa.

Este insulto sin precedentes de un diputado a un juez pretende socavar la independencia del poder judicial ante varios hechos que han quedado demostrados, a saber: 1) el 25–S nunca pretendió asaltar el Congreso (como la propia delegada del Gobierno en Madrid reconoció en su acuerdo para autorizar la concentración); 2) los mandos de la Policía Nacional (nombrados por cada Gobierno en atención a su afinidad política y no sobre la base de sus méritos profesionales) exageraron notablemente la supuesta peligrosidad de la convocatoria y deformaron los hechos para tratar de presentar a los manifestantes como a golpistas; 3) la protesta no alteró en ningún momento el normal desarrollo del Congreso de los Diputados (como reconoce la propia acta de la Cámara).

Sin embargo, lo que debería preocupar seriamente a Rafael Hernando, un personaje que es político profesional desde que tenía 21 años (en la actualidad tiene 50), son los intentos de manipulación que el juez ha detectado en los informes policiales para intentar presentar ante la judicatura y ante la opinión pública, a pacíficos manifestantes como a energúmenos sanguinarios que sólo buscan acabar con la democracia. Quizá habría que buscar responsabilidades por ello.

Por el contrario, el portavoz adjunto del PP en el Congreso (cuyo intento de agresión física contra Rubalcaba en julio de 2005 todavía se recuerda en los pasillos de la Cámara Baja) debería sentirse aliviado por el hecho de que el archivo de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra algunos de los manifestantes por su presunta intención de atentar contra las instituciones del Estado, supone también la exculpación de la delegada del Gobierno en Madrid, acusada por éstos de haber infiltrado “grupos de policías y colaboradores entre los manifestantes” que fueron los que “iniciaron dolosamente los desórdenes”, según consta en la denuncia presentada por las defensas de los imputados, y de la que se hace eco Pedraz en su auto de archivo de la causa.

Pero lo que más intranquiliza a la derecha y a otros grupos políticos que comparten su filosofía económica, es que el juez Pedraz haya justificado la movilización del 25–S en un precioso párrafo que dice textualmente que “no cabe prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.

Muchas ampollas ha levantado esta última expresión, alegando que se trata de la opinión personal del juez y que ésta no debería formar parte de un acto judicial acordado por él.

Sin embargo, Pedraz no incluye aquí su opinión personal sino que constata una realidad social basada en contundentes pruebas. La primera es que, de forma reiterada, las encuestas de opinión elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (dependiente del Ministerio de la Presidencia) señalan a la clase política como el tercer problema más importante para la ciudadanía, por detrás del desempleo y de la situación económica. La segunda es que, por primera vez en casi treinta y cuatro años de democracia constitucional, se ha convocado una movilización masiva alrededor del Congreso de los Diputados, para manifestar el descontento de la ciudadanía con lo que allí se aprueba. Algo que debería hacer reflexionar a unos cuantos políticos profesionales, en el caso de que su vida de moqueta y esplendor no les haya nublado por completo su capacidad para comprender la realidad que les rodea.

La derecha política y económica de este país, muy intranquila últimamente, tiene todo el derecho a desarrollar sus propuestas electorales si las urnas así lo determinan, pero jamás debe olvidar el marco constitucional en el que éstas se deben llevar a cabo. Un marco en el que se reconoce el derecho de manifestación pacífica, la libertad de expresión y de prensa, el derecho a una vivienda digna y adecuada, a un trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y las de la familia, a la negociación colectiva, a una educación que fomente los principios democráticos y los derechos y libertades fundamentales, a la participación política directa, a la tutela efectiva de los jueces y tribunales, a un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y las prestaciones suficientes en casos de necesidad (y especialmente, en caso de desempleo), a una sanidad pública de calidad, al acceso a la cultura, a unas pensiones que garanticen la suficiencia económica durante la tercera edad, y a unos impuestos progresivos que contribuyan a garantizar todo lo demás.

 

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