La España represiva

24. febrero 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Antes ya sabíamos que en España es posible que unos policías antidisturbios detengan al azar a una manifestante de las Marchas de la Dignidad, la retengan dos noches en el calabozo de Moratalaz, la acusen sin pruebas de los delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, y un fiscal pida para ella una pena de cuatro años de cárcel. Al fin y al cabo, es lógico que el régimen de Rajoy se dedique a achicar derechos y libertades para darle más espacio a su modelo económico genocida.

Lo que sabemos a partir de este momento, es que vivimos en un reino bananero al que las autoridades internacionales en materia de Derechos Humanos se ven obligadas a amonestar por sus incumplimientos en este apartado. No uno ni dos, sino cinco relatores de Naciones Unidas, especializados en temas como las libertades de reunión, de expresión, de opinión, o en derechos de los inmigrantes, llamaron ayer al Gobierno de España a retirar la reforma del Código Penal y la Ley Mordaza, por ser atentatorias contra los Derechos Humanos.

Siendo esto vergonzoso para nuestro país, lo es todavía más la valoración que realizan estos cinco relatores sobre la razón que ha llevado al régimen de Rajoy a aprobar estas medidas: “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”.

En numerosas ocasiones, hemos alertado en este mismo espacio de que el neoliberalismo es incompatible con la Constitución Española, con la Carta de los Derechos Humanos, y con la propia democracia, como acaba de demostrar el hostigamiento ejercido por la Unión Europea contra el sentir mayoritario del pueblo griego.

El informe de los cinco relatores de la ONU nos da la razón, ya que viene a denunciar el siguiente esquema: 1) si eres un político que ejerce como capataz de los señores más adinerados, aprueba legislaciones acordes con sus intereses, 2) intenta convencer a la población de que ésa es la única economía posible, 3) si el intento ideológico del punto 2 resulta insuficiente, introduce medidas legales para silenciar a los ciudadanos disidentes, aun a costa de limitar los derechos y libertades fundamentales del conjunto de la población.

Similar esquema es el que lleva a legalizar las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares, también denunciado ayer por los relatores especiales de Naciones Unidas.

Ante esta situación, no faltarán en las tabernas (y quién sabe si también en los hemiciclos) patriotas de banderita vociferando que ningún extranjero debe entrometerse en la política española, mientras acatan sin pestañear las consignas económicas de Berlín, Bruselas, Frankfurt y Washington. Lo deseable sería que la población de este país decidiera retirar su apoyo electoral a aquellas opciones políticas que quieren convertirnos en un reino bananero, con el fin de tener las manos libres para legislar a favor de los más poderosos.

 

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