La guerra contra la despoblación

24. noviembre 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

El actual Gobierno de Aragón ha tomado una decisión correcta a la hora de denunciar el convenio que ADIF y el anterior Ejecutivo autonómico de Luisa Fernanda Rudi (hoy senadora en representación de Aragón) habían firmado sobre la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto.

Las políticas neoliberales, que priman la rentabilidad sobre la eficacia y la accesibilidad de los servicios públicos, no son las indicadas cuando se trata de evitar que una provincia entera quede despoblada dentro de pocos años.

El dato que ayer se debatió en la reunión mantenida en Teruel por el consejero autonómico de Presidencia, Vicente Guillén, y los representantes de los empresarios turolenses, es demoledor: 100 de los 236 municipios que forman la provincia de Teruel están en riesgo severo de despoblación por la casi total ausencia de oportunidades laborales.

Ante esto, caben dos posibilidades. La primera consiste en acompañar la agonía demográfica desde las instituciones, recortando servicios públicos (como hace el PP) y amasando municipios en macromunicipios mayores (como propone Ciudadanos) para que se noten menos los efectos de un modelo económico esencialmente erróneo .

La segunda, por la que parece haber optado el nuevo Ejecutivo autonómico PSOE-CHA (y defendida también por otras formaciones como IU), es la que trata de compensar desde las instituciones las consecuencias locales de una economía global especulativa, con el fin de asentar población en lugares como la provincia de Teruel.

Sin embargo, quienes opten por esta segunda vía deben saber que las inversiones en infraestructuras no son suficientes. Es preciso también dotar a los poderes públicos de la capacidad necesaria para ordenar la economía en beneficio del bien común. Si todos los neoliberales apuestan ahora por atribuir a los Estados competencias excepcionales para llevar a cabo la autodenominada “guerra contra el yihadismo”, tampoco sería descabellado que esos mismos Estados pudieran decidir en qué punto de Aragón se instala una determinada empresa, con vistas a ganar la “guerra contra la despoblación”, un peligro mucho más cercano e inminente para el Aragón rural que el que puedan representar unos cuantos primates fundamentalistas.

En el caso de España, ni siquiera sería preciso invocar poderes excepcionales para que el Estado pudiera realizar políticas económicas de este tipo, ya que el olvidado artículo 128 de nuestra Constitución dice que: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Es obvio que los “antisistema”, es decir, los neoliberales, están en contra de este precepto constitucional.

 

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