La indemnización de Otegi

16. marzo 2011 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

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A primera vista, sorprende que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considere que no supone delito referirse al Rey de España como “jefe de los torturadores”, una expresión que encajaría perfectamente –por ejemplo– con los dos últimos presidentes de los Estados Unidos, tras haber reconocido ambos que bajo su jurisdicción existen cárceles ilegales en las que no existen los Derechos Humanos.

 

Sin embargo, y una vez constatado el hecho de que ciertas democracias torturan impunemente a ciudadanos detenidos de forma ilegal, lo que de verdad sorprende es que los tribunales españoles condenaran a Otegi por proferir esta expresión.

 

Y es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (expresada en su sentencia 235/2007, de 7 de noviembre) establece que “la libertad de expresión es válida no solamente para las informaciones o las ideas acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población”, para afirmar a continuación que la libertad de expresión protege también a aquellas opiniones que resulten “repulsivas desde el punto de vista de la dignidad humana”.

 

Sobre la base de estas consideraciones, el Tribunal Constitucional exculpaba del delito de negación del holocausto judío a la organización neonazi que pivotaba en torno a la Librería Europa de Barcelona.

 

En cualquier caso, sería interesante que Arnaldo Otegi donase los 20.000 euros con los que el Reino de España debe indemnizarle, a favor de las organizaciones que agrupan a quienes durante más de cinco décadas han visto cercenada su libertad de expresión y de pensamiento en Euskadi, por temor a ser asesinados por la banda terrorista ETA, o por haberlo sido efectivamente.

 

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