La ley de la frontera

23. octubre 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Con el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil imputado por prevaricación a propósito de las devoluciones en caliente, y con numerosos testimonios gráficos que acreditan la realización de estas prácticas ilegales por parte de los agentes fronterizos españoles, el régimen de Rajoy valora la posibilidad de cambiar la ley con el propósito de legalizar lo que ahora es ilegal.

Como cualquier otra institución dictatorial (en este caso amparada en una mayoría absoluta ilegítima alcanzada mediante engaños continuados al electorado), el régimen de Rajoy busca que la ley se adapte a las órdenes gubernamentales, en lugar de adaptar las órdenes gubernamentales a la ley, como ocurriría en un Estado democrático de Derecho.

Así, el Ministerio del Interior español se ha sacado de la manga el ridículo concepto de la frontera de geometría variable, envuelto en la pomposa denominación de “sistema perimetral de seguridad”. Según esta singular aportación del ministro Jorge Fernández Díaz a la ciencia jurídica internacional, la frontera estaría compuesta por las vallas (“medios físicos”) y por los agentes de la ley (“medios humanos”), de modo que los inmigrantes irregulares no estarían en España hasta que hubiesen rebasado al último guardia civil de la retaguardia. De acuerdo con esta delirante idea del ministro, ¿en qué país estarían los agentes situados en posiciones más avanzadas? ¿En España? ¿En Marruecos? ¿En el limbo?

La intención del régimen de Rajoy de introducir estos cambios en la Ley de Extranjería a través de una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, supone una violación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, de la Constitución Española, e incluso, del propio Acuerdo entre España y Marruecos para la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, que exige como requisito que los inmigrantes expulsados vayan acompañados por el correspondiente expediente administrativo elaborado por la Administración española.

En todo este asunto, el régimen de Rajoy no sólo peca de un autoritarismo execrable y de una bisoñez jurídica instalada en el territorio de lo chirigotero, sino que también evidencia una alarmante falta de visión política.

A corto plazo, el problema de la frontera sólo se resuelve con la ampliación de plazas en los Centros de Internamiento de Extranjeros situados en los puntos más conflictivos, de modo que los inmigrantes irregulares disfruten de las mejores condiciones posibles mientras se tramita su expediente de expulsión con plenas garantías legales. A largo plazo, y teniendo en cuenta que las profundas desigualdades sociales entre Europa y África son el motor que impulsa la llegada de inmigrantes irregulares a las costas y territorios del sur de la UE, España debería encabezar un movimiento internacional orientado a mejorar la redistribución de la riqueza entre países y regiones, de modo que quienes ahora están dispuestos a arriesgar su vida encaramándose a la valla que les separa de una vida digna, no estuvieran obligados a venir hasta aquí para disfrutar de ella.

 

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