La soledad de Gallardón

23. septiembre 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Ante la posibilidad de un estallido social en las urnas durante los próximos comicios municipales, autonómicos y generales previstos para 2015, el régimen de Rajoy ha decidido sacrificar a uno de sus peones más ultramontanos. La gestión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia ha estado rodeada por la polémica casi desde el mismo momento en el que tomó posesión del cargo, con la creación de las tasas judiciales, la privatización del Registro Civil, la reforma del Poder Judicial, o la concesión de escandalosos indultos.

Medidas contestadas sotto voce incluso desde el seno del propio Partido Popular, que se han visto coronadas por una contrarreforma de la ley del aborto, que no sólo quebranta el inalienable derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad, sino que además retrotrae a nuestro país a la caverna del fundamentalismo catolicista.

Este ha sido precisamente el pretexto de Rajoy para indicarle a Gallardón la puerta de salida del Consejo de Ministros, no porque el presidente del Gobierno y su equipo de colaboradores más cercanos no estén de acuerdo con el anteproyecto de ley preparado por el ministro de Justicia, sino porque este es el tema perfecto para cumplir un triple objetivo, debidamente jerarquizado: 1) echar a Gallardón del Gobierno, 2) resituar al PP en el centro político, y 3) dar la impresión de que el Ejecutivo de Rajoy es capaz de escuchar las demandas sociales y de rectificar sus políticas con arreglo a aquéllas.

Esa es la razón por la cual el tren de la contrarreforma el aborto ha descarrilado en su tramitación institucional, y esa es la razón por la que sólo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (miembro, como Gallardón, del sector más tradicionalista del PP), ha manifestado claramente su apoyo al próximo exministro de Justicia.

Ahora sólo quedan por saber dos cosas: la fecha de la dimisión de Gallardón (algo que se producirá seguramente después del desafío soberanista catalán del 9 de noviembre), y si el alcance de esa supuesta “receptividad” del régimen de Rajoy hacia las demandas sociales llegará también al ámbito socieconómico.

 

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