Las respuestas de un ministro equivocado

11. agosto 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

En respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el grupo La Izquierda Plural, el ministro del Interior afirma que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están habilitados para incautar cámaras fotográficas y de vídeo a los ciudadanos, mientras ejercen su función de mantenimiento de la seguridad ciudadana, aquel viejo concepto que durante la dictadura franquista se denominaba “orden público”.

Sin embargo, Jorge Fernández Díaz no podría estar más equivocado en su apreciación. El ministro alude al artículo 19 de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como “Ley Corcuera” y popularmente denostada por un Partido Popular que en aquel momento se encontraba en la oposición.

Según este artículo, los agentes “podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales”. El legislador se refiere, evidentemente, a objetos como piedras, tirachinas, cócteles-molotov, bates, rodamientos, barras o trancas, que en el marco de una movilización social, sólo pueden estar destinados a provocar disturbios, puesto que en ese contexto carecen de cualquier otra función. De ahí que el sentido común indique que son “susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales”.

Pero esa definición no puede aplicarse en absoluto a objetos cotidianos como una cámara de fotos o una cámara de vídeo, susceptibles de ser utilizados de forma lícita, ya que su incautación por parte de un agente al servicio del Estado debería ir acompañada de una motivación que indicase las razones por las cuales ese agente restringe el derecho a la propiedad privada con el propósito de evitar la comisión de un acto ilícito ¿Qué acto ilícito se pretende evitar? ¿Qué fundamentos existen para pensar que ese objeto va a ser utilizado al margen de la ley? ¿Cómo puede explicarse esta incautación desde la perspectiva de la libertad de expresión o de la libertad de prensa, que ese agente está legalmente obligado a defender? Estas son algunas de las cuestiones que, según la interpretación ministerial, los agentes deberían explicar antes de ejecutar un acto administrativo consistente en privar a un ciudadano de sus propiedades materiales e intelectuales.

La respuesta parlamentaria de Jorge Fernández Díaz constituye un poderoso indicio de la mediocridad de un ministro mucho más preocupado por mantener el orden público frente a las anticonstitucionales reformas que su gobierno está implantando en el terreno socioeconómico, que por garantizar los derechos constitucionales dentro de los límites del Estado de Derecho.

En el precio que el régimen de Rajoy está dispuesto a abonar por mantener un modelo económico insostenible que hace más ricos a los ricos y más pobres al resto, se incluye el desprestigio de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, arrojadas a las calles con órdenes difusas de las que luego se desentienden sus mandos políticos, como ocurrió recientemente en Madrid con la retirada de banderas republicanas de los balcones privados por los que iba a transitar la caravana de la proclamación del nuevo rey Felipe VI.

 

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