Legalismo a la carta

7. febrero 2017 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

El régimen de Rajoy ha decidido contrarrestar políticamente el empuje soberanista catalán acudiendo a la tesis de que todas las instituciones, sin excepción alguna, están obligadas a cumplir la ley. No es mal argumento, pero sobre todo, es el único argumento posible cuando el 75% de la población de un territorio quiere acudir a las urnas para decidir su futuro institucional.

En los tiempos del Pacto de Ajuria Enea contra la violencia de ETA (1988), tanto Alianza Popular como el autodenominado Partido Socialista Obrero Español estamparon su firma sobre un documento que decía que cualquier idea era defendible por vías pacíficas. Concretamente, en el punto 8 de aquel Pacto podía leerse que “la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario, la vía de defensa y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación”.

Pero era mentira. Algunos dirigentes independentistas catalanes, como el expresidente autonómico Artur Mas, están siendo procesados por defender sus ideas de forma pacífica, democrática y parlamentaria. Y estos procesos, como decíamos más arriba, están basados en la idea de que todas las leyes son de obligado cumplimiento.

Pero eso también es mentira. No hay ningún dirigente del Partido Popular procesado por incumplir voluntariamente la Ley 52/2007 de la memoria histórica, o la Ley 39/2006 de atención a las personas en situación de dependencia.

Todas las normas legales son de obligado cumplimiento, pero en el marco de una sociedad desmovilizada, su cumplimiento efectivo acaba dependiendo de la correlación de fuerzas parlamentarias y, en último extremo, de la voluntad política de quien ejerce las funciones de gobierno.

Por eso, los dirigentes de la derecha española deberían reírse menos por los juicios políticos que se siguen en este momento contra Artur Mas, Francesc Homs o Carme Forcadell, y empezar a aplicar todas las leyes del Estado, sin discriminarlas en razón de su ideología, y comenzando por el contenido social de la Constitución de 1978. Quizá eso sirviera para que este país fuese un poco más serio, menos chapucero, y de este modo disminuyera el número de personas partidarias de independizarse de él.

 

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