¿Leyes o Derechos sociales?

13. noviembre 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Al igual que había hecho meses atrás con la ley antidesahucios andaluza, el Tribunal Constitucional suspendió ayer la normativa aprobada por el Parlamento de Navarra que permite expropiar viviendas vacías a los bancos para ponerlas al servicio de los desahuciados.

Los argumentos legales que fundamentan la sentencia son impecables. Es legalmente cierto que estas normativas, al ser autonómicas, invaden competencias reservadas al Estado central, por ejemplo, en materia de legislación civil (art. 149.1.8). Es legalmente cierto que presumir que una vivienda desahuciada está vacía puede lesionar ciertos derechos de su propietario legal (la entidad financiera); y también es legalmente cierto que establecer esta presunción para imponer una sanción administrativa “muy grave” a los bancos y sus inmobiliarias, y no a otras personas jurídicas propietarias de estos inmuebles como inmobiliarias independientes o fondos de inversión, puede constituir un supuesto de discriminación contrario al artículo 14 de la Carta Magna.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha cometido en este caso el monumental error de actuar mirando sólo hacia una parte de la Constitución, ignorando la otra.

Ante la inacción de los dos últimos gobiernos centrales frente a la tragedia de los desahucios, algunas comunidades autónomas han optado por tomar un atajo legislativo para garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que una vez más debemos recordar que dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Sin embargo, el Constitucional ha anulado el atajo que, por el momento, era la única vía para llegar al cumplimiento de este artículo de la Carta Magna. Su argumento legal es incontestable: era un atajo y no una carretera legalizada.

El problema es que ninguna carretera legalizada llega hasta el artículo 47, ni tampoco hasta el 128.1 de la Constitución, aquel que dice que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. De este modo, nos encontramos con el decepcionante y criminal resultado de que ninguna legislación española, legalmente aprobada, garantiza el cumplimiento del derecho constitucional y humano a disfrutar de una vivienda digna.

Este pequeño contratiempo no ha sido observado por el Tribunal Constitucional en su sentencia. Es de suponer que este órgano jurisdiccional tiene la misma opinión que el ministro García–Margallo, en el sentido de que sólo hay dos artículos verdaderos en la Carta Magna (el de la unidad de la patria y el de la soberanía nacional), y que “el resto es literatura”. De ser así, el Tribunal Constitucional estaría absolutamente deslegitimado para ejercer sus funciones.

 

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