Los eventos neonazis y el delegado del Gobierno

2. marzo 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

De los graves altercados que tuvieron lugar durante la noche del sábado con motivo del concierto neonazi organizado en Zaragoza, sólo hay un responsable: el delegado del Gobierno en Aragón, don Gustavo Alcalde, un excelentísimo señor que prepara a conciencia enormes dispositivos antidisturbios para las pacíficas movilizaciones convocadas por la izquierda, pero que no pone el mismo empeño en controlar un concierto neonazi no autorizado, que había sido organizado en el corazón de uno de los barrios más poblados de la capital aragonesa, y más concretamente, en los bajos de un inmueble ocupado de forma ilegal desde hace tiempo por elementos ultraderechistas.

Una doble vara de medir que resulta del todo incomprensible cuando de lo que estamos hablando es de la actividad de una organización que actúa como heredera ideológica de asesinos, genocidas, sádicos, racistas y psicópatas.

El resultado de la negligencia del señor Gustavo Alcalde, trece detenidos (siete antifascistas y seis neonazis), y cinco agentes de policía heridos de diversa consideración. Llama la atención que la actitud ultrapreventiva del señor Delegado del Gobierno al rechazar itinerarios de manifestaciones que pasan por la céntrica calle donde tiene fijado su domicilio cierta consejera del Ejecutivo autonómico (actitud cuestionada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y por la Defensora del Pueblo), no se extendiera el sábado a la convocatoria de un evento neonazi.

Es posible que el señor delegado del Gobierno en Aragón quiera reservar las fuerzas de los cuerpos antidisturbios de la Policía Nacional para vigilar las pacíficas movilizaciones de quienes luchan por la justicia social, por la igualdad y por los derechos sociales, o incluso, siguiendo la línea de su homóloga madrileña, Cristina Cifuentes, para detener arbitraria e injustificadamente a algunas de las personas que participan de estos ideales. Sin embargo, la realidad demuestra que donde se necesita la fuerza coercitiva del Estado es en los eventos que rodean a los grupos neonazis, unas organizaciones que, por extraño que pueda parecer, todavía no han sido ilegalizadas en España.

 

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