Madrid 2020 y la política económica

6. septiembre 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

No cabe duda de que, desde un punto de vista estrictamente deportivo, la concesión de los Juegos Olímpicos de 2020 a la capital de España constituiría un espaldarazo para todas aquellas personas que, sobre todo en las disciplinas consideradas como minoritarias, se entrenan y compiten casi sin medios para mejorar sus marcas y su rendimiento físico.

Sin embargo, la organización de un gran evento internacional posee una dimensión económica que no es posible ignorar, mucho menos cuando el acontecimiento coincide con una época de crisis como la actual.

Cierto es que la candidatura de Madrid puede presumir de tener ya construidas más del 80% de las infraestructuras necesarias para acoger la organización de este evento (gracias, en parte, al monumental endeudamiento público acumulado durante la etapa de Alberto Ruiz–Gallardón como alcalde), pero si mañana la capital de España es elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 2020, quedará un 20% de instalaciones por construir.

Esta multimillonaria inversión pública (que contradice la política económica de recortes implantada por el régimen de Rajoy al dictado de Bruselas) se descompone en numerosas facetas, no siempre armónicas: los puestos de trabajo que se crearían, la calidad y temporalidad de los mismos, la repercusión en el déficit de las cuentas públicas generales, la utilización posterior de las instalaciones construidas, los ingresos para la hostelería y el pequeño comercio,…

Si todas estas componentes se gestionan de tal manera que la inversión en Madrid–2020 no se compense a través de un recrudecimiento en los recortes presupuestarios que sufren los servicios públicos, la concesión de los Juegos Olímpicos a la capital de España podría ser un pequeño balón de oxígeno para unos cuantos miles de familias trabajadoras de nuestro país.

Si por el contrario, esta inversión se enfoca priorizando determinados intereses empresariales con cargo a un empobrecido erario que ya ha debido hacer frente a buena parte de la deuda privada de bancos y cajas, estaremos ante un tremendo desatino económico.

El sentido común aconseja que durante las épocas de crisis las inversiones públicas se dirijan hacia la economía productiva y no hacia la organización de grandes eventos extraordinarios, claro que también aconseja no renunciar a la soberanía monetaria, ni convertir en pública la deuda privada, ni apostar por modelos económicos vinculados a la especulación y el dinero ficticio, ni retirar la protección arancelaria frente a artículos producidos en régimen de esclavitud, ni salir de las crisis del capitalismo recortando el presupuesto público cuando la iniciativa privada ha quedado arrasada o permanece escondida.

Por eso el sentido común vive tan alejado de la política económica que hoy practica el Estado español y el resto de países que viven sometidos a la dictadura del neoliberalismo.

 

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