¿Nos sirve este Tribunal Supremo?

18. marzo 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Hace algunos días, el Tribunal Supremo de España decidía archivar la demanda de paternidad interpuesta por la ciudadana belga Ingrid Sartiau contra el ciudadano español Juan Carlos Borbón Borbón (exrey de España), sin ni siquiera haber ordenado la realización de una prueba de ADN, para salir de dudas. Una demanda similar presentada por el ciudadano español Albert Solé ni siquiera fue admitida a trámite, quizá porque el demandante es un varón nacido antes que el actual rey Felipe VI.

En cualquier caso, que una instancia del poder judicial rechace la posibilidad de dilucidar dos casos fácilmente resolubles gracias a los últimos avances científicos resulta tan sospechoso como la actitud del demandado, que en el caso de no ser el padre de las criaturas, sólo hubiera necesitado unas gotas de su propia saliva para acallar rumores.

Ayer, el Tribunal Supremo anulaba la sentencia de la Audiencia Nacional que había absuelto a las 19 personas acusadas de participar en los altercados ocurridos en el exterior del Parlament de Cataluña el 15 de junio de 2011. En lugar de respaldar esta absolución, el Alto Tribunal ha impuesto una pena de tres años de prisión a ocho de los implicados, a pesar de no estar acreditada su participación activa en los incidentes.

Para ello, los magistrados del Supremo acuden a una interpretación jurídica que haría morir de risa a cualquiera de los tiburones financieros que se pasan la vida imponiendo a los gobiernos democráticos la línea económica a seguir. Según la sentencia del Supremo, para que se cumpla lo previsto en el artículo 498 del Código Penal (*) basta con la simple amenaza de la fuerza, orientada a perturbar “el normal funcionamiento del órgano parlamentario, con el consiguiente menoscabo del derecho de participación”. Es decir, los manifestantes no sólo impidieron ejercer sus funciones a los parlamentarios catalanes, sino que violaron el derecho de participación política a través de las urnas de los votantes que les habían elegido.

Desde aquí se oyen las risas de los tiburones financieros, sobre todo, cuando recuerdan que los dos últimos presidentes del Gobierno de España han declarado públicamente que se han visto obligados a tomar decisiones económicas que ninguno de ellos (ni por supuesto, sus votantes) querían que se tomasen.

Más cercana a la realidad estuvo la Audiencia Nacional en la sentencia ahora anulada, cuando afirmaba que “la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación prevalecen en este caso”, puesto que “para muchos sectores sociales la reunión y la manifestación es el único medio por el que expresar y difundir sus pensamientos y opiniones” debido a que “los cauces de expresión y acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados”, haciendo que muchos sectores de la sociedad sufran una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social”, lo que hace que resulte obligado “admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación, si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica”.

La cuestión, pues, es la siguiente: ¿se merece España un Tribunal Supremo anclado en los usos científicos del pasado remoto, y comprometido con la visión más restrictiva de los derechos constitucionales y las libertades públicas?

Dicho de otro modo: antes de condenar a estos ocho activistas sociales de Barcelona, ¿qué diligencias ha abierto el Tribunal Supremo contra aquellos poderes económicos no elegidos democráticamente que han obligado a Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy a poner en marcha medidas económicas que ni eran de su agrado, ni formaban parte de sus programas electorales? ¿No suponen estas “influencias” un atentado contra la “participación política” de los votantes mucho mayor que el hipotéticamente cometido por un grupo de manifestantes que expresan su indignación a los representantes institucionales que previamente han elegido?

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(*) Artículo 498 del Código Penal: “Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”.

 

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