¿Ocupa La Moraleja?

24. septiembre 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Cuentan algunos viejos luchadores antifranquistas que las reuniones clandestinas del PCE (principal fuerza política que se oponía a la dictadura desde el interior del país) solían disfrazarse de excursiones campestres de amigos para eludir la acción de la Brigada Político–Social.

Ayer, 23 de septiembre de 2012, es decir, 13.457 días después de la muerte de Franco, la Policía Nacional acorraló e identificó por orden de la Audiencia Nacional, a varias decenas de personas que se encontraban en el madrileño Parque del Retiro hablando sobre la movilización convocada para mañana en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

Según el jefe del operativo policial desplegado, la identificación se debía a “unas diligencias abiertas en el Juzgado” contra los promotores de la movilización del 25–S, seguramente porque la Audiencia Nacional considera que es de aplicación el artículo 494 del Código Penal, que establece una pena de prisión de seis a doce meses, o multa de doce a veinticuatro meses, para quienes “promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”.

Así pues, da la impresión de que los jueces de la Audiencia Nacional que han decretado la pre–imputación de estos activistas (curiosa figura jurídica que parece estar inspirada en el relato corto de Philip K. Dick que dio lugar al largometraje “Minority report”) poseen la facultad de adivinar que la protesta pacífica del 25–S va a alterar el “normal funcionamiento” del Congreso.

La facultad que no parecen poseer es la de imputar a aquellos gobernantes que violan a diario la Constitución Española. Y es que, si manifestarse ante las sedes legislativas de nuestro país para alterar su “normal funcionamiento” es ilegal, aprobar normativas que dejan sin ingresos a los desempleados que han agotado todas sus prestaciones, es anticonstitucional según el artículo 41 de la principal norma de nuestro ordenamiento jurídico.

Del mismo modo es anticonstitucional que las autoridades públicas no impidan la especulación urbanística (art. 47), que permitan a los empresarios pagar salarios insuficientes (art. 35), que autoricen el desahucio de familias enteras de sus viviendas habituales por no poder hacer frente al pago de la hipoteca (art. 47), o que hagan perder capacidad adquisitiva a nuestros mayores por una insuficiente actualización de las pensiones que perciben (art. 50).

En cualquier caso, mientras la Audiencia Nacional tramita las imputaciones de Rodríguez Zapatero, de Rajoy o de Artur Mas por quebrantar la Constitución, están plenamente justificadas movilizaciones como la del 25–S. No se puede obviar que la clase política es en este momento el primer problema para la población española, tras la mala situación económica y el desempleo que ésta genera, y tampoco puede ocultarse que la principal razón de este descontento radica en que buena parte de la población española piensa que sus gobernantes no representan los intereses generales de la ciudadanía, sino sólo los de una pequeña parte de la misma, concretamente, de esa que ha tomado la opción de no crear puestos de trabajo y de pagar cada vez menos impuestos directos para provocar el hundimiento financiero de los servicios públicos prestados por el Estado, con la intención de aprovecharse de su posterior privatización a precio de saldo.

Por ello, y también por ser jurídicamente ilegal (aunque éticamente necesario) manifestarse ante el Congreso de los Diputados, quizá los promotores del 25–S deberían considerar la posibilidad de que la próxima convocatoria se titulara algo así como “¡Ocupa La Moraleja!”, o Somosaguas, o Pedralbes, o La Finca,… Al fin y al cabo, suele ser mucho más efectivo pedir cuentas al dueño de la finca que manifestarse ante el centro de trabajo de algunos de sus capataces.

 

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