Otro paso más del golpista sonriente

24. agosto 2011 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

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Cuando, por orden de los Mercados, Rodríguez Zapatero acudió el 12 de mayo de 2010 al Congreso de los Diputados para perpetrar un autogolpe de Estado contra sus propias políticas económicas progresistas, era difícilmente previsible que 15 meses después iba a utilizar la misma tribuna para proponer la prohibición constitucional de la socialdemocracia.

 

Keynes no entendería que un Estado se plantee renunciar constitucionalmente al déficit público, cuando esta arma es fundamental para diseñar medidas anticíclicas en los periodos de depresión económica propios del sistema capitalista.

 

Pero al golpista más sonriente de la historia de España le resultan indiferentes estas cuestiones, entre otras cosas, porque aprendió macroeconomía “en un par de tardes”, con su amigo y ex ministro Jordi Sevilla.

 

En cualquier caso, ZP–no–os–fallaré propuso ayer una reforma constitucional para limitar o prohibir el déficit público, siguiendo las ocurrencias paridas por Merkel y Sarkozy durante su último encuentro institucional en París.

 

Inmediatamente, recibió el aplauso del grupo parlamentario socialista (en el que parece que ya no quedan socialdemócratas), del grupo popular, y de los grupos minoritarios de centro–derecha presentes en el hemiciclo.

 

Hay, pues, mayoría parlamentaria suficiente como para aprobar esta reforma constitucional. Lo que está por ver es si existe una mayoría social que respalda este posicionamiento de los diputados y senadores. Según la propia Constitución Española, la convocatoria de referéndum en este caso no es obligatoria, al no incidir la reforma sobre el Título preliminar (fundamentos del Estado, símbolos, capitalidad, lengua oficial, etc.), sobre la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas), o sobre el Título II (la Corona).

 

No obstante, 35 diputados o 35 senadores podrían convocar este referéndum si las direcciones de Ferraz o de Génova (únicos partidos que superan este volumen de escaños) así lo decidieran.

 

La crisis de representatividad que hoy sufre la clase política (tercer problema más grave para los españoles después del paro y de la economía), podría agravarse si no se convoca esta consulta para que un pueblo bien informado esté en disposición de pronunciarse ante este nuevo contenido constitucional.

 

De hecho, si finalmente no se convocara referéndum, la degradación de la democracia española habría llegado a un punto que, posiblemente, sería de no retorno.

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