Politofobia

7. septiembre 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Cuando el capitalismo entra en su fase de crisis terminal, surge el fascismo para convencer a la población de que la culpa de todo no la tienen los verdaderos culpables sino los inmigrantes, los políticos, los sindicalistas, los judíos, los intelectuales, los musulmanes, los obreros, los homosexuales, los negros o todo aquel que no sea gran empresario o banquero.

Lo pudimos comprobar tras la crisis de 1929.

Así pues, una de las características fundamentales del fascismo es la que podríamos denominar como “politofobia”, es decir, odio visceral hacia los políticos que ejercen tareas de representación democrática.

El caldo de cultivo idóneo para que la politofobia pueda propagarse es una sociedad políticamente inculta y permanentemente dispuesta a responsabilizar de todos los males al capataz y no al dueño de la finca.

Quizá como causa, quizá como consecuencia de esta estrategia, los políticos son ya el tercer problema para los españoles. Y subidos a este carro, algunos políticos (de esos que cuando culminan su labor institucional son fichados como consejeros por grandes empresas para que “aconsejen”) han comenzado a lanzar demagógicos discursos contra los políticos.

El punto máximo del aroma fascistoide lo alcanzó ayer la presidenta de Castilla–La Mancha, Dolores de Cospedal, cuando propuso suprimir las remuneraciones de los diputados autonómicos en su territorio, para que éstos se dediquen por completo a sus respectivas actividades profesionales, y destinen sólo algunos de sus ratos libres a las labores institucionales.

Tras el desplazamiento de los políticos castellano–manchegos hacia esta especie de voluntariado institucional surge una pregunta: ¿quién se encargará de la cosa pública cuando los políticos no se vean remunerados por su dedicación exclusiva? La respuesta del poder económico está clara: el Dinero gestionará lo que quede del Estado, por lo que, cuantos menos testigos haya, mejor.

En la España del siglo XIX, los caciques eran quienes componían los ayuntamientos, los parlamentos y las diputaciones, mientras se dedicaban a sus respectivos negocios ¿Es este el modelo que pretende implantar Cospedal? ¿Su propuesta de reducir el número de parlamentarios en Castilla–La Mancha tiene alguna otra finalidad, aparte de reforzar el bipartidismo decimonónico?

Evidentemente, es preciso racionalizar el gasto público y acabar con el mamoneo que se ha producido en muchas instituciones de nuestro país, pero eso no quiere decir que “los políticos” sean los culpables de la actual situación económica. De hecho, sólo a una pequeña parte de ellos que ha ejercido grandes tareas de gobierno, cabría imputarle una parte de la responsabilidad por el fracaso al que nos ha conducido la fallida ideología neoliberal.

Además, el volumen de gasto público destinado a pagar las retribuciones, los coches oficiales o los escoltas de los representantes institucionales del pueblo soberano es infinitamente menor que el que se ha dedicado y se va a dedicar a pagar los platos que rompieron un puñado de constructores, promotores y banqueros durante la época dorada del ladrillo.

 

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