¿Por qué España debería elegir ahora entre república y monarquía?

2. junio 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Si todos los preceptos de la Constitución Española fueran de obligado cumplimiento, el anuncio de abdicación del rey Juan Carlos I no debería ser más que un trámite institucional rodeado de las oportunas ceremonias. Sin embargo, no todos los artículos de nuestra Carta Magna son acatados por quienes han jurado o prometido cumplirlos y hacerlos cumplir.

Si los convenios colectivos en este país fueran vinculantes (art. 37), si los impuestos fueran progresivos (art. 31), si los salarios fueran suficientes para satisfacer las necesidades de las familias (art. 35), si todo el mundo percibiera las prestaciones sociales por desempleo a las que tiene derecho (art. 41), si nuestros mayores tuvieran garantizada la suficiencia económica durante la tercera edad (art. 50), si las rentas del capital y del trabajo se distribuyeran equitativamente (art. 40), o si las personas de este país pudieran hacer efectivo su derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada (art. 47), no habría motivos ahora para cuestionar el título de la Carta Magna que se refiere a la Corona.

Sin embargo, el masivo, vergonzoso y criminal incumplimiento de aquellos preceptos relativos a la vida cotidiana de la gente trae como consecuencia un creciente desapego de ésta, no sólo hacia los gobernantes que se han turnado en el gobierno de la nación desde 1982, sino también hacia una Jefatura del Estado que proporciona una excelente coartada institucional a los agresores.

Durante los más de cuatro años que han pasado desde que Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso el sometimiento de este país a los caprichos del dios Mercado por encima de cualquier otra consideración económica o social (sumisión mantenida y ampliada por Mariano Rajoy), múltiples han sido las ocasiones desaprovechadas por una Jefatura del Estado de carácter monárquico (y por lo tanto, independiente de siglas políticas) para defender los derechos constitucionales de los desahuciados inmobiliarios, de los parados, de los precarios o de los mayores. Pero de Zarzuela sólo han salido silencios cómplices ante un modelo que sólo buscaba resultados macroeconómicos, aun a costa de pisotear derechos constitucionales.

Fundamentalmente ahí (y no tanto en corruptelas familiares o en safaris inconvenientes) radica la inutilidad de una institución anacrónica y nada democrática, que no ha sabido o querido reinventarse para adaptarse a las necesidades de un pueblo soberano en el siglo XXI.

Y ahí radica también la necesidad de que, aprovechando la abdicación del actual Jefe del Estado español en la persona de su hijo, la ciudadanía de este país se pronuncie en referéndum acerca de la forma de gobierno que prefiere. Seguramente, los gobernantes del turno argumentarán que la forma de gobierno ya viene establecida en la Constitución Española de 1978, pero los incumplimientos de ésta son tan evidentes, que no hay apenas argumentos para justificar una “sucesión tranquila” como la que esta mañana reclamaba Mariano Rajoy.

Al fin y al cabo, de entre las diez fuerzas políticas españolas que obtuvieron representación en la Eurocámara el pasado 25 de mayo, aquellas que abrazan el republicanismo con mayor o menor entusiasmo obtuvieron 8.509.018 votos (PSOE, IU, Podemos, CEU, ERC, LPD, Primavera Europea), frente a los 5.585.471 sufragios logrados por aquellas otras que no cuestionan la forma de Estado monárquica.

Si el resultado de las elecciones municipales de 1931 sirvió para que el rey Alfonso XIII abandonase la Jefatura del Estado, el resultado de las europeas de 2014 (unido a la creciente falta de valoración social hacia la monarquía) debería servir para que, al menos, la ciudadanía española se pudiera pronunciar acerca de la forma de gobierno que prefiere.

 

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