Presioncitas y chantajazos

16. junio 2011 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

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La clase política rechazó ayer de forma unánime la concentración pacífica de indignados (la calificación de “pacífica” procede de un análisis comparativo con otros procesos históricos, como la Revolución Francesa, en los que un pueblo sin esperanzas ha reaccionado contra sus gobernantes), que bloqueó las entradas al Parlamento catalán, obligando al presidente Artur Mas y a otros responsables institucionales a acceder al recinto en helicóptero.

 

Dejando aparte un análisis meramente economicista acerca de lo que cuesta al erario el vuelo de un helicóptero en medio de un clima de recortes del gasto público, lo cierto es que se aprecia una cierta hipocresía entre quienes acusan a los indignados de coaccionar la voluntad de los cargos públicos, sin tener en cuenta que la verdadera coacción radica en el chantaje permanente que realizan quienes manejan los Mercados sobre aquellos gobernantes que encarnan la voluntad popular.

 

Si la actuación de los indignados de Barcelona es condenable, seguramente la de Miguel Ángel Fernández Ordóñez exigiendo moderación salarial después de no haber previsto y evitado la burbuja inmobiliario–financiera sería merecedora de pena de cárcel. Lo mismo podría decirse de las agencias de calificación por jugar caprichosa e impunemente con las vidas de millones de ciudadanos, o del Gobierno de España por plegarse a todas las demandas de los especuladores sin fronteras.

 

Un político no debe esgrimir su condición de representante del pueblo con el fin de que las fuerzas del orden le abran paso hasta su escaño, cuando en su actividad cotidiana ejerce como gestor de los intereses de los Mercados, y no del pueblo que le ha elegido.

 

La clase política de este país, empezando por todos y todas los que ayer firmaron la declaración conjunta del Parlamento de Cataluña para rechazar “las agresiones y coacciones que han sufrido los representantes del pueblo catalán”, debería preguntarse qué error ha cometido para que en junio de 2011 se produzcan estas pequeñas muestras de descontento popular contra los políticos, desconocidas en España desde antes de la Transición.

 

Quizá su error sea no considerar “coacciones” aquellas situaciones en las que los 37 principales empresarios y banqueros del país “indican” al Gobierno central que la creación de empleo sólo puede darse si previamente el Ejecutivo suprime el subsidio especial de 426 euros, privatiza AENA y Loterías del Estado, facilita la bancarización de las Cajas de Ahorro, e impone una reforma a la baja de las pensiones y de la negociación colectiva.

 

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