Pucherazos legalizados

24. julio 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Tras haber pisoteado los derechos sociales incluidos en la Constitución Española, el régimen de Rajoy se dispone ahora a acabar con la representatividad democrática y con el pluralismo político. En su gestión institucional de brocha gorda, a los populares les estorban las discrepancias, los matices, las propuestas alternativas y las diferencias ideológicas. Es por ello que han emprendido una cruzada presidencialista que pretende situar en las alcaldías y en las presidencias de las comunidades autónomas al cabeza de la lista más votada.

Ante este atropello democrático, que busca otorgar todo el poder al que ha obtenido el 30% de los votos y tirar a la basura el 70% de los votos restantes, sólo cabe plantear toda la oposición política, social y mediática que los verdaderos demócratas podamos reunir.

La cruzada popular de los pucherazos legalizados ha ganado su primera batalla en Castilla–La Mancha, donde el parlamento regional aprobaba el lunes una reforma en virtud de la cual, el número de diputados autonómicos baja de los 49 actuales a sólo 33. Por las cosas de la Ley d’Hont, que incrementa la representación del partido más votado según va disminuyendo el número de cargos públicos a elegir, este cambio haría que el PP revalidase la mayoría absoluta, cosa que no podría hacer con el actual número de diputados en las Cortes de Castilla–La Mancha, y según los resultados de las últimas Elecciones Europeas.

En el caso de las elecciones municipales, y ante la hipotética reforma electoral para que el líder de la lista más votada sea nombrado alcalde de forma automática, el propósito partidista está matemáticamente demostrado. Según el estudio que presentó hace unos días IU–Aragón extrapolando los resultados de las Europeas 2014, el PP pasaría de sus actuales 103 alcaldías en Aragón a nada menos que 199, y eso a pesar de haber perdido casi la mitad de los 251.188 votos que los populares obtuvieron en los comicios municipales de 2011.

Si además de haberle robado los derechos sociales, la ciudadanía española está dispuesta a que el PP le robe también la representatividad de buena parte de sus votos, lo mejor que puede hacer es permanecer callada ante este atropello institucional. Si por el contrario, la población española quiere reconquistar la vieja máxima de “una persona, un voto”, deberá luchar por ella a través de todos los medios pacíficos que tenga a su alcance.

 

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