Represión informativa, fraude electoral

21. agosto 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

A estas alturas de neoliberalismo, ya no debería sorprendernos la deriva autoritaria adoptada por el régimen de Rajoy, aunque debería seguir indignándonos. Sobre todo, después de conocer que los fotoperiodistas José Colón y Sergi Cámara han sido multados por el simple hecho de ejercer su labor informativa en la valla de Melilla. Sobre todo, después de saber que el Partido Popular piensa consumar en solitario una reforma electoral que supone un gigantesco fraude para la representación política.

En cuanto a lo primero, llama la atención que los agentes policiales y sus mandos intenten hacer prevalecer una ley orgánica (la de “Seguridad Ciudadana” de 1992) sobre una norma de rango superior, como es la Constitución Española de 1978. Si los primeros la hubieran estudiado en sus oposiciones al cuerpo, y los segundos la conocieran antes de jurarla, sabrían que la Carta Magna reconoce el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (art. 20.1 d) con el único límite del respeto a los derechos fundamentales recogidos en la propia Constitución, y en especial, al “derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia” (art. 20.4).

Si los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus mandos policiales y políticos conociesen la Constitución, sabrían también que el ejercicio de la libertad de información “no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa” (art. 20.2) ¿Qué “censura previa” más evidente puede haber que ordenar a los periodistas que se retiren de la zona en la que se está produciendo la noticia, impidiéndoles de facto informar sobre ella? Los argumentos policiales de la “protección de la integridad física de los informadores”, o del “no entorpecimiento de la labor policial”, no dejan de ser simples excusas de unos agentes armados y revestidos de autoridad, para anular los derechos de unos profesionales a los que se pretende impedir que realicen una labor constitucionalmente protegida.

En la misma senda autoritaria camina la propuesta popular de reformar la ley electoral para que en los ayuntamientos españoles gobierne el partido más votado, y de la que hablábamos hace casi un mes en este mismo espacio.

Si después de cuarenta años de dictadura franquista, los españoles y españolas quieren resignarse a vivir en un país donde las fuerzas del orden imponen su voluntad de forma arbitraria, y en el que la ley electoral se reforma para adaptarse a los intereses particulares del partido en el gobierno, están en su derecho, pero antes de dejarse arrebatar su dignidad como ciudadanos y ciudadanas deberían tener en cuenta que, tarde o temprano, este modelo autoritario terminará colisionando con sus derechos individuales, y entonces, ya no habrá cauces para la protesta.

Por cierto, ante esta deriva autoritaria del régimen de Rajoy, ¿dónde están el nuevo Jefe del Estado, Felipe VI, y su función constitucional de “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones” (art. 56)?

 

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