Responsables y consecuencias del esclavismo

30. abril 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Un acto de terrorismo empresarial dejó 381 muertos en la capital de Bangladés el 24 de abril de 2013. Durante estos últimos días se han utilizado muchos términos para referirse al acontecimiento: catástrofe, tragedia, desastre,… pero ninguno de ellos explica su causa. Es el momento de olvidar los eufemismos y de llamar a las cosas por su nombre. Los empresarios sin escrúpulos de este planeta no matan con coches–bomba ni con tiros en la nuca, pero matan igualmente.

La carrera por la competitividad empresarial, esa que tanto entusiasmo suscita en la CEOE, recorre algunas etapas intermedias (abaratamiento del despido, rebaja salarial, o negación de fuerza vinculante a los convenios,…) pero tiene la meta final en un edificio derrumbado en el suburbio de Savar, al noroeste de Daca. Sin embargo, a ninguno de estos terroristas de corbata y gafas de marca se le aplicará jamás la legislación antiterrorista de ningún Estado, a pesar de que el 24 de abril de 2013 sus condiciones laborales asesinaron en el Rana Plaza de Savar casi al doble de personas que murieron en los atentados terroristas del 11–M en Madrid.

Durante los últimos días se ha publicado también que Bangladés es el Estado más competitivo del mundo en el sector de la fabricación textil. Esto es posible porque allí no hay sindicatos que defiendan a los trabajadores, ni tampoco normativas sobre riesgos laborales que les protejan. Allí lo que hay es una bandada de buitres occidentales picoteando sobre los despojos de la pobreza ajena; buitres que ahora negarán rotundamente haber conocido en algún momento la realidad de los talleres que confeccionaban ropas para ellos, y que luego vendían a precios irrisorios, aunque con notables márgenes de beneficios, en los hipermercados y grandes superficies del llamado primer mundo.

Ellos y sólo ellos son los responsables del atentado del pasado miércoles en Daca, a pesar de que algunas líneas argumentales han tratado de atribuir responsabilidades también a los consumidores que compran pantalones a cinco euros en tal o cual megatienda de nuestro país, posiblemente, porque su reducido salario español no les permite gastar el triple en otro establecimiento más cercano a su domicilio.

El problema no está en la demanda, sino en la oferta de esos bienes procedentes de los paraísos de la esclavitud laboral. Hace dos años y medio, este diario ya se pronunció a favor del establecimiento de restricciones arancelarias en la UE para “proteger a nuestros productores de las mercancías procedentes de los paraísos laborales de la semiesclavitud, donde los niños trabajan 14 horas diarias por un salario de subsistencia”.

A la vista de los hechos, olvidamos en aquel momento rematar la frase añadiendo “en edificios resquebrajados que ponen en riesgo su vida, y a pesar de que muchos de los empresarios textiles españoles ya han deslocalizado su producción hacia estos modernos campos de concentración tutelados por los grandes poderes económicos internacionales”.

En cualquier caso, cada vez que Juan Rosell o cualquier otro preboste de la CEOE o de su delegación de Moncloa pronuncien la palabra “competitividad”, todos deberíamos recordar las imágenes del edificio derrumbado en Savar o de los cadáveres alineados en la morgue de Daca.

 

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