¿Roja o rota?

28. octubre 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Hace casi 80 años, el político conservador José Calvo Sotelo dijo en un mitin: “Entre una España roja y una España rota, prefiero la primera, ya que sería una fase pasajera, mientras que la segunda seguiría rota a perpetuidad”. La reflexión sintonizaba con el sentir mayoritario de la derecha española, que desde la aparición de los nacionalismos periféricos durante la segunda mitad del siglo XIX, se erigió como garante de la unidad de España.

Sin embargo, tras el paréntesis autoritario de la dictadura franquista, todo cambió a partir de la Transición. Tanto la derecha posfranquista y preconstitucional de 1977, como el bipartidismo consolidado de 1985 (*), apostaron por implantar en España un sistema electoral que beneficiaba a los dos grandes partidos de ámbito estatal, y a los partidos regionales que concentrasen grandes volúmenes de votos en pocas provincias.

Es evidente que los grandes beneficiados por este cambio ideológico fueron CiU y PNV, que legislatura tras legislatura se vieron sobrerrepresentados en el Congreso de los Diputados, a costa de la tercera fuerza política de ámbito estatal, que normalmente ha venido siendo el PCE primero e IU después.

Se dan incluso situaciones escandalosas desde el punto de vista de la representación democrática. En las Elecciones Generales de 1993, por ejemplo, el CDS fundado por Adolfo Suárez fue la quinta fuerza por número de votos (414.740) y el PNV, la sexta (291.448). Sin embargo, el CDS obtuvo 0 diputados y el PNV 5. Otro ejemplo es el de las Elecciones Generales de 2000, en las que IU consiguió 1.263.043 votos y 8 diputados, mientras CiU obtenía 970.421 votos y 15 diputados.

Por decisión de la derecha posfranquista, del PP y del PSOE, la gobernabilidad de este país fue puesta en manos de los partidos nacionalistas catalanes y vascos, gracias a una normativa electoral tan injusta como antidemocrática. La contrapartida estaba clara: Madrid debía mirar para otro lado mientras CiU y PNV desarrollaban en sus territorios procesos de construcción nacional.

Por ello, asistimos ahora al clamoroso fracaso de aquellos que primero les regalaron a los nacionalismos periféricos todo lo necesario para construir naciones ficticias desde las escuelas, y después sólo acertaron a contraponer argumentos legales frente a lo que ha llegado a ser un clamor social. Ésta es, precisamente, la última de las equivocaciones de populares y socialistas: confundir un proceso social con un proceso judicial.

La declaración presoberanista que ayer aprobó la mayoría del Parlament de Cataluña quiere decir, ni más ni menos, que si el pueblo catalán quiere la independencia, tarde o temprano, conseguirá la independencia, salvo que Madrid opte por encarcelamientos masivos o por invasiones militares absolutamente incompatibles con los principios democráticos vigentes en la Unión Europea. Todo un fracaso de la convivencia que debemos agradecer en exclusiva a la UCD, al PSOE y al PP.

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(*) Ver Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales, posteriormente derogado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

 

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