Ruiz–Gallardón, el brazo tonto de la ley

30. noviembre 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Si en el ejercicio de su labor, un mal policía comete un delito del que resultan lesionados los derechos constitucionales de cualquier ciudadano o ciudadana, será casi imposible identificarle, sobre todo, si pertenece a esos cuerpos antidisturbios a los que la Administración permite infringir continuamente la normativa que les obliga a portar una identificación visible.

En el caso de que sea identificado, el Estado pondrá numerosas trabas para que sea juzgado.

Y si finalmente es juzgado y condenado, ahí estará don Alberto Ruiz–Gallardón, el brazo tonto de la ley (y también ministro de Justicia) para indultarle, una vez, dos veces, o cuantas veces sean necesarias.

De este modo, aquel chico liberal engañabobos que tenía encandilado a casi todo el electorado de derechas y a buena parte del de izquierdas por su apariencia afable y conciliadora, deja claro que prefiere a una policía llena de Torrentes que a un cuerpo profesional, independiente, sano y comprometido con la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Ruiz–Gallardón debería haber dimitido ya por haber permitido como alcalde de Madrid que el recinto Madrid Arena operase sin licencias de funcionamiento ni suficientes medidas de seguridad, tal como advirtió por escrito en 2006 un funcionario policial de esos a los que Ruiz–Gallardón ignora por ser eficaces, independientes y comprometidos con su profesión (de hecho, el alcalde no hizo ningún caso a aquel escrito que quizá hubiera evitado cinco muertes seis años después).

Ruiz–Gallardón debería haber dimitido ya por haber reunido el rechazo categórico de abogados, jueces, fiscales y funcionarios hacia la imposición de unas tasas judiciales que sitúan la Justicia al alcance de unos pocos, y que ponen en cuestión el principio constitucional de la tutela judicial efectiva (art. 24).

Pero lo que deslegitima por completo a este individuo para ocupar el puesto de ministro de Justicia es el doble indulto que ha promovido a favor de cuatro delincuentes acusados de detener ilegalmente, amenazar, golpear e insultar a un ciudadano inocente tras confundirle con un atracador. Quizá haya influido a favor de estos dos indultos (uno concedido en febrero y otro el pasado viernes) el hecho de que Joan Salva, Manuel Farré, Fernando Cea y Jordi Perissé (que así es como se llaman los cuatro delincuentes condenados) cometieran estos actos criminales mientras ejercían como Mossos d’Esquadra.

Esta actuación del Gobierno “supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo, cuando es realizado por agentes a su servicio”. Lo dicen 180 jueces españoles en un documento conjunto que lleva como título “Contra el indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad”.

En el texto se refieren al indulto otorgado por el Gobierno de España a propuesta de Ruiz–Gallardón diciendo que “reducir esas penas, además, parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial” y que “no existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido” por lo que “la decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible”.

Cualquier ministro con dignidad dimitiría y abandonaría inmediatamente la vida pública después de que casi 200 jueces le dijeran esto.

 

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