Sanción al juez Vidal: ¿Disciplina o represión?

27. febrero 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Cuando el magistrado de la Audiencia de Barcelona, Santiago Vidal, redactó un borrador de Constitución catalana para un hipotético Estado independiente, fue desleal con la actual Constitución del Reino de España, que establece en su artículo 2 la “indisoluble unidad de la Nación española”. Cuando el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy aprobó una reforma laboral que, entre otras cosas, eliminaba la fuerza vinculante de los convenios colectivos, fue desleal con la actual Constitución del Reino de España, que establece en su artículo 37 “el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”.

Sin embargo, la respuesta jurídica ante ambos atentados contra la Constitución Española ha sido desigual. Mientras el magistrado Vidal ha sido sancionado con la exclusión de su trabajo durante tres años, Mariano Rajoy y todos los que formaban parte del Gobierno de España y del Grupo Parlamentario Popular el 10 de febrero y el 8 marzo de 2012, respectivamente (fechas de aprobación del Real Decreto-Ley y de su posterior convalidación parlamentaria), caminan impunemente por los pasillos institucionales proclamando el cuento del país de las maravillas.

Cierto es que la independencia de Cataluña no cabe en la actual Constitución Española, y así ha quedado acreditado con las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la ley de consultas catalanas y contra la convocatoria de referéndum del 9 de noviembre de 2014. Pero no es menos cierto que la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado Vidal no constituye un acto de disciplina sino un episodio de represión claramente atentatorio contra la libertad de expresión del expedientado.

La derecha española ha dejado claro en muchas ocasiones que sólo se toma en serio la parte institucional de la Constitución Española, y que la parte social es simple “literatura”, como dijo el todavía ministro García Margallo ante los micrófonos de la Cadena SER en septiembre de 2013.

Sería decepcionante que esa ideología reduccionista e interesada se filtrara a otros estamentos del Estado como el CGPJ, o incluso a la propia sociedad española.

 

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