SEOPAN o la estafa de pagar por lo que ya es nuestro

12. marzo 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Hasta ahora, las grandes empresas de este país se limitaban a indicarle al Gobierno qué medidas tiene que trasladar al BOE, o qué indemnizaciones multimillonarias debe pagarles en el caso de que resulten fallidos proyectos extravagantes como el de la plataforma Castor. Desde ayer, aspiran también a diseñar la política fiscal del Reino de España.

Julián Núñez, presidente de SEOPAN (la organización que agrupa a las principales empresas constructoras del país), sorprendió ayer con una propuesta que no pasaría de la simple majadería en un mundo normal, pero que en el mundo neoliberal que nos está tocando padecer tiene muchas posibilidades de convertirse en realidad.

Se trata de un nuevo impuesto indirecto, eufemísticamente llamado “aplicación de peajes en todas las autovías y autopistas del país”, que básicamente consiste en que los ciudadanos paguen por el uso de algo que ya es suyo, con el propósito de transferir luego lo recaudado a las grandes empresas constructoras.

La desfachatez de este fulano, representante de uno de los sectores empresariales más responsables de la vertiente española de la crisis, llega hasta el punto de presentar un robo a la legislación armada como si fuera una genial maniobra macroeconómica. A saber:

1) dado que los niveles de consumo están subiendo en España

2) teniendo en cuenta que los recortes del austeridazo no dan margen para que los gobiernos de la Eurozona inviertan en obra pública

3) considerando que las empresas de SEOPAN necesitan que el Estado dedique dinero a la obra pública (ya que así queda asegurado el cobro del trabajo, aunque sea a costa de recortar en becas de comedor y en quirófanos)

4) paguemos todos y todas, independientemente de nuestro nivel de renta, por el uso de unas autovías públicas que ya hemos pagado anteriormente como contribuyentes

5) para que los 6.800 millones de euros anuales que el Estado ingresaría a través de esta medida sean invertidos por el propio Estado en obra pública, contratando a las empresas de SEOPAN como ejecutoras de las actuaciones.

La medida que propone SEOPAN cuenta con los mismos requisitos de progresividad, racionalidad y justicia que la hipotética imposición al señor Julián Núñez de un peaje domiciliario-evacuativo”, en virtud del cual se le cobrasen 100 euros por cada vez que accediera a su propio domicilio, con un plus de entre 30 y 60 euros por cada uso del inodoro, en función de que se tratara de aguas menores o mayores. Para el cálculo del importe (que sería destinado al mantenimiento de la calle en la que reside, a través de la empresa de su vecino) se implantarían los mecanismos tecnológicos oportunos en el cuerpo del sujeto pasivo.

Lo curioso de esta propuesta es que el señor Julián Núñez y el conjunto de empresas a las que representa, no han optado por lanzar una diatriba contra los recortes presupuestarios que les están asfixiando, ni tampoco por exigir una mayor progresividad fiscal (en la línea de lo establecido en la Constitución) para incrementar los recursos que el Estado puede dedicar a obra pública. Ambas posibilidades hubieran conducido al mismo propósito que persigue la ocurrencia de SEOPAN, aunque sin lesionar la progresividad fiscal ni vulnerar la seguridad jurídica que supone no tener que pagar por el uso de algo que ya es tuyo.

Evidentemente, ningún partido va a tomar en serio la propuesta de SEOPAN durante el año 2015, por ser año electoral; pero después de los comicios, la negativa institucional puede derretirse a la misma velocidad con la que parece haberse disuelto la honestidad empresarial de las grandes constructoras españolas.

 

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