Sube la productividad, bajan los salarios, roban lo público

10. diciembre 2012 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

Los datos empíricos dejan al descubierto –una vez más– las mentiras propagadas por los principales gobernantes neoliberales del planeta. El “Informe mundial sobre salarios 2012/2013” publicado el pasado viernes por la OIT es una herramienta indispensable para entender lo que está ocurriendo.

Así, mientras sube la productividad laboral, bajan o se mantienen estables los salarios en los países desarrollados, lo que genera en ellos una crisis de consumo de dimensiones apocalípticas, fruto de la cual aumenta el desempleo y se reducen los ingresos fiscales del Estado. El siguiente paso de la estrategia neoliberal es recortar el gasto público para que los servicios públicos esenciales se hundan, facilitando así su posterior privatización a precio de ganga.

El propósito de la segunda recesión en la que están entrando las economías desarrolladas por culpa de los recortes no es otra –pues– que crear las condiciones adecuadas para poder robar a la ciudadanía española los bienes y servicios públicos de los que es titular.

La estrategia no es nueva. Ya en noviembre de 2010, cuando Rodríguez Zapatero recibió en La Moncloa a los 37 principales empresarios y banqueros del país, el presidente se comprometió –entre otras cosas– a privatizar parcialmente AENA y Loterías del Estado a cambio de que los representantes del poder económico comenzaran a invertir para crear empleo. Dos años después, hay 1.081.500 parados más (según la EPA), aunque la puerta para la privatización de AENA y de Loterías del Estado quedó abierta.

El farol de los neoliberales ha quedado al descubierto: el problema nunca fueron los salarios, ni el volumen de las plantillas, ni el importe del gasto público, ni la productividad. El problema fue encontrar la manera de robar legalmente el patrimonio de la ciudadanía para introducir el ánimo de lucro en servicios esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones, siguiendo el modelo de privatización de las compañías públicas de energía o de telecomunicaciones.

 

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