Sufragio pasivo censitario

6. marzo 2014 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

No cabe duda de que la retribución de los cargos públicos es uno de esos asuntos que se prestan a la más irracional de las demagogias. Aun reconociendo los abusos puntuales que han perpetrado determinados representantes de la voluntad popular, resulta excesivo afirmar que los males económicos del país se deben a los salarios que perciben las personas que se dedican a la política a tiempo completo.

Sin embargo, en un contexto en el que algunos millones de personas comienzan a desarrollar una creciente politofobia, llegan medidas populistas como la eliminación de retribuciones a los diputados autonómicos de Castilla – La Mancha, aplaudida con fervor por buena parte de la ciudadanía, y legitimada hace cuarenta y ocho horas por el Tribunal Constitucional.

Al parecer este grupo de juristas, que considera que la decisión del gobierno de Cospedal constituye un “legítimo cambio normativo del régimen de retribuciones de los diputados autonómicos”, no ha tenido en cuenta que el artículo 14 de la Constitución Española establece el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, y que el artículo 23 consagra el sufragio universal, activo y pasivo, como garantía de funcionamiento democrático del Estado.

Con la aceptación de este cambio normativo promovido por Dolores Cospedal, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es abrir el camino para el establecimiento en nuestro país de un nuevo modelo de sufragio pasivo censitario, en virtud del cual, y al carecer los diputados de remuneración por el cargo que desempeñan, sólo aquellas personas que dispongan de un abultado patrimonio para dedicarse a tiempo completo a ejercer un cargo público representativo durante cuatro años sin ser retribuidos por ello, estarán en condiciones de formar parte de listas electorales.

Esto, simple y llanamente, excluye a los asalariados de la representación política institucional.

La recién estrenada mayoría conservadora del Tribunal Constitucional estima, sin embargo, que “no puede afirmarse que una determinada modalidad retributiva como es la percepción de un sueldo fijo constituya un derecho que forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos”.

Un punto de vista consonante con el signo de unos tiempos marcados por la sumisión del poder político al poder económico, y por el hostigamiento de éste último hacia todo lo que huela a democracia. Seguramente, la próxima tesis del Constitucional será que sobran todos los políticos, y que para la correcta gobernanza del Estado es suficiente con que exista un delegado del FMI en cada país.

 

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