Tele–escraches: un nuevo atentado a la libertad

10. abril 2013 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

El Ministerio del Interior ha decidido limitar algunos derechos constitucionales de la población para salvaguardar otros derechos de determinados representantes públicos. Siguiendo el ejemplo de la Consejería vasca de Interior, los agentes del orden impedirán que los escraches se produzcan a menos de 300 metros del domicilio de los políticos. Para quienes conozcan Zaragoza, esto significa, por ejemplo, que si uno de esos cargos públicos viviera en el edificio de Correos del Paseo de la Independencia, los manifestantes no podrían pasar de la Plaza de España o de la entrada del Paraninfo.

De este modo, el Gobierno de España elude lo establecido en el artículo 21 de esa Constitución que tanto le gusta arrojar a la cabeza a los nacionalistas catalanes. Dicho artículo dice que “se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

La autoridad gubernativa, pues, sólo puede impedir que unos determinados manifestantes se movilicen en un determinado lugar un determinado día cuando, de forma motivada, acredite en una resolución ajustada que en esa ocasión que se pueden poner en riesgo personas o bienes ¿Puede establecerse la negativa de forma previa y genérica? La Constitución dice que no, pero el régimen de Rajoy dice que sí.

La única frontera entre la privacidad y la vida pública es el portal de acceso al edificio donde se encuentre la vivienda de cada responsable público, ya que lo demás, es todo calle, y la calle –por el momento– es de todos.

En cualquier caso, si Rajoy opta por limitar derechos constitucionales para garantizar una paz incierta en los domicilios de sus correligionarios (que son los únicos que no se han prestado a escuchar los dramas personales de los desahuciados que han pretendido ponerse en contacto con ellos), deberá ir más allá en su política de aislamiento. El Ministerio del Interior debe impedir que ningún representante de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo o del Fondo Monetario Internacional (grupo conocido popularmente como “la Troika”), se acerque a menos de 300 metros de La Moncloa o de la sala de reuniones del Justus Lipsius de Bruselas en la que se encuentre el presidente Rajoy.

La razón es evidente: tanto el actual presidente del Gobierno como el anterior han reconocido públicamente que “la Troika” les ha presionado para adoptar medidas de política económica que ellos no querían tomar. Son ellos los que coaccionan a nuestros cargos públicos, y por lo tanto, es a ellos a quienes se les debe impedir el acercamiento a nuestros representantes.

 

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