Tribunal Inconstitucional

3. septiembre 2015 | Por | Categoria: Editorial, Opinión

A pesar de su nombre, el Constitucional no es un tribunal judicial, sino un órgano político. Por lo tanto, ni forma parte del Poder Judicial, ni ofrece las mismas garantías de independencia e imparcialidad que cualquier órgano judicial donde su titular o titulares hayan debido superar una durísima oposición para acceder al puesto.

Quienes redactaron la Constitución quisieron que los 12 miembros del Tribunal Constitucional fuesen designados por el Congreso (4), por el Senado (4), por el Gobierno (2) y por el Consejo General del Poder Judicial (2). Y quisieron también que para ser miembro de este órgano, bastara con acreditar más de 15 años de experiencia profesional como magistrado, fiscal, profesor universitario, funcionario o abogado.

Con la reforma del Tribunal Constitucional que ahora plantea el PP, este órgano político encargado de dictaminar si algo es o no acorde con nuestra Carta Magna, se va a convertir en un tribunal judicial con capacidad sancionadora. De este modo, y a través de uno de esos artes de birlibirloque que tanto agradan a los dictadorzuelos y a sus acólitos, se judicializa un problema político, nada más y nada menos que elevando a la categoría de jueces a quienes no lo son.

Sabemos que la derecha más reaccionaria suele hablar a las tripas de sus seguidores, ya que hacerlo a su intelecto sería presuponer la existencia de éste. Su argumento es la fuerza, su razón la violencia, y su vocación la demagogia. Pero en esta ocasión, el PP se ha pasado de la raya.

El disparate introducido en el registro de las Cortes por el Grupo Parlamentario Popular, y calificado ipsofactamente –como diría nuestro buen amigo Emilio Gastón– por el presidente del Congreso, Jesús Posada, sólo va a servir para que España haga, de nuevo, el ridículo ante la comunidad internacional, y para que el candidato popular a las elecciones catalanas se travista de Terminator y diga con voz grave aquello de “la broma se ha terminado”.

En el caso de que el gobierno catalán que salga del 27-S cometa alguna ilegalidad, el ordenamiento jurídico de nuestro país cuenta ya con suficientes recursos como para garantizar la aplicación de la ley. No es necesaria, pues, esta sobreactuación preelectoral del PP al hilo de una reforma que podría suponer una gravísima ilegalidad institucional: atribuir capacidad sancionadora a quienes no forman parte del poder judicial ni del poder ejecutivo.

¿Ante qué instancia serán recurribles las sanciones impuestas por el Tribunal Constitucional? ¿Serán inapelables? Y si lo fueran, ¿no supondría esto un incumplimiento del artículo 24 de la Constitución Española, que garantiza a todos los ciudadanos la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales? Y si se produjera este incumplimiento, ¿debería el Tribunal Constitucional sancionarse a sí mismo?

Lo más probable es que los halcones del régimen de Rajoy respondan a estas preguntas con un simple rebuzno argumental.

 

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